El Gobierno español ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de directiva que rebaja el estatus de protección del lobo en la Unión Europea y alinea la legislación comunitaria con la reciente modificación del Convenio de Berna. La consulta, que ha sido lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), estará abierta hasta el 12 de junio de 2025 y permite remitir aportaciones por correo electrónico al buzón de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina.

La propuesta modifica la directiva 92/43/CEE para uniformizar el estatus legal de todas las poblaciones de lobo de la Unión Europea y adecuarlo a la reciente modificación -impulsada también por la Comisión Europea- en el Convenio de Berna, explica el Miteco en su página web.

La normativa sometida ahora a consulta rebaja el nivel mínimo de protección del lobo, de modo que la especie podrá ser objeto de medidas de gestión -como la caza-, si así lo consideran los diferentes Estados miembros. El lobo estará sujeto a la protección establecida en el artículo 14 de la directiva, que exige a los Estados que adopten medidas para garantizar que la captura en el medio silvestre, así como su explotación, es compatible con mantenerlo en un estado de conservación favorable.

Fuentes del Miteco señalan que para todos los proyectos normativos europeos hay que hacer un EIPLE (Estudio de Impacto de la Legislación Europea), y en este caso, por razones competenciales Exteriores les ha asignado tramitar el correspondiente a la modificación de la Directiva Hábitats para el cambio del estatus del lobo.

El EIPLE implica la "realización de consultas a otros actores que contribuyan a fijar la posición española", por lo que se ha informado a los órganos colegiados con las comunidades autónomas y órganos consultivos, y de ahí también la información pública. La propuesta ya ha recibido el aval del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. No obstante, cada país seguirá teniendo la posibilidad de mantener un nivel de protección más alto si así lo considera necesario según su legislación nacional.

Aunque el Gobierno de España se posicionó en contra de rebajar la protección, el Congreso de los Diputados aprobó en marzo que el lobo saliera del listado de especies protegidas en los territorios al norte del Duero mediante una enmienda del PP a la Ley contra el Desperdicio Alimentario, que salió adelante con el apoyo de Vox, Junts y PNV, lo que en la práctica vuelve a permitir su caza.