Caja Rural de Salamanca ha celebrado este viernes su Asamblea General, como corresponde anualmente según sus estatutos, dando cuenta a sus socios y socias de los resultados obtenidos así como de las acciones más representativas realizadas durante el año 2024, donde los delegados han aprobado las cuentas por unanimidad y respaldado la gestión realizada.

Durante la Asamblea General se hizo un repaso de los datos económicos resaltando el beneficio neto de 30,48 millones de euros del ejercicio 2024, que ha sido el mayor de más de un siglo de historia, suponiendo un aumento del 46,66% sobre el ejercicio anterior. Con un ROE (Rentabilidad sobre Capital) de un 25,22% y un ROA (Rentabilidad sobre Activos) del 2,19%.

El consolidado crecimiento en las magnitudes más importantes se refleja en su Volumen de Negocio con 2.409 millones de euros, un crecimiento anual de un 7,12%. Ha aumentado el Crédito a Clientes un 4,25%, superando los 725 millones de euros. De los cuales el 51,31%, 372 millones, los destinó a la financiación de actividades empresariales; cumpliendo así su apoyo al desarrollo económico. En relación con los hogares, el crédito alcanzó los 262 millones de euros, correspondiendo el 85,7% a la adquisición y rehabilitación de viviendas.

Isabel Martín Arija aprovechó el evento para comunicar la finalización de su cargo tras 32 años en la Entidad, y que José Ignacio Juez Marín, Director General Adjunto de la Entidad desde septiembre de 2024, asumirá sus funciones. Finalmente, en la Asamblea General se esbozaron las líneas del Nuevo Plan Estratégico 2025-2027 centrado en el Crecimiento, en la Resiliencia y poniendo en el Centro a las Personas.

Como cierre del acto su presidente, Ernesto Moronta Vicente, destacó la trayectoria de Isabel Martín Arija en la entidad, agradeciendo su trabajo, esfuerzo y profesionalidad durante más de tres décadas.

Caja Rural de Salamanca, continuará con su cercanía, su ética y su profesionalidad, con un modelo financiero sólido para afrontar los desafíos del futuro en Castilla y León para apoyar el crecimiento económico en Salamanca, Ávila y Valladolid, fomentando la cohesión social y la preservación del entorno.