El consorcio para la Gestión Integral de los Residuos en la provincia de Salamanca, GIRSA, aprobó este martes en Junta de Gobierno la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del uso y utilización del servicio público de transferencia y tratamiento de residuos urbanos en la provincia de Salamanca y acordó su entrada en vigor el 1 de julio.

De este modo, con la fecha de entrada en vigor, el consorcio Girsa ha querido que ayuntamientos y mancomunidades tengan un mayor margen a la hora de adaptarse a esta nueva normativa que marca la legislación estatal. Debido a la nueva ley de residuos, GIRSA está obligada a incrementar la tasa que repercute a los ayuntamientos y mancomunidades aproximadamente en un 25% para ajustarla a la citada ley que exige que la tasa no sea deficitaria y cubra el coste real del servicio de tratamiento y recogida de los residuos.

Por este motivo, el presupuesto de Girsa ya incluyó en su nuevo presupuesto una partida de 2,8 millones de euros destinada a hacer frente al impuesto estatal de vertido y al impuesto estatal de gases de efecto invernadero.

El Consorcio para la Gestión Integral de Residuos de la Provincia de Salamanca cuenta con un presupuesto total que asciende a 10.759592 euros, para el desarrollo de su actividad relacionada con la gestión de los residuos domésticos.

El Consorcio GIRSA se constituyó entre la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de la capital. Inmediatamente después, se fueron incorporando Mancomunidades y Municipios. En la actualidad la totalidad de los municipios de Salamanca forman parte del Consorcio GIRSA.