El Gobierno de España se dispone a "extinguir" la Fundación Francisco Franco en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, por considerar que esa entidad hace apología de la dictadura, según ha anunciado este viernes en Fuerteventura el ministro Ángel Víctor Torres, recoge EFE.

"La ley dice claramente que no caben fundaciones que vanaglorian a aquellas personas, colectivos o asociaciones que hicieron apología del franquismo, que defendieron el totalitarismo y la dictadura. Por lo tanto, no cabe la Fundación Francisco Franco, en ningún caso. Y lo que se va a hacer es extinguirla", ha señalado a los periodistas el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Ángel Víctor Torres ha hecho este anuncio durante su visita a uno de los símbolos de la represión de la dictadura, la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, donde el régimen que gobernó España desde 1936 hasta 1975 recluyó durante años a personas del colectivo LGTBI solo por su condición sexual.

El titular de Memoria Democrática ha precisado que no compete a su ministerio, sino al de Cultura, en cuyo registro se encuentra la Fundación, pero también han discutido ya ese asunto con el ministro Ernesto Urtasun, que "conoce bien los pasos a dar".

"Por lo tanto, toda fundación o asociación que defienda al dictador o a quienes hacían apología de la dictadura, tiene que estar eliminada de la democracia, pero eso no es nada nuevo: eso es propio de la Ley de Memoria Democrática y del derecho internacional, es propio de las convenciones de las Naciones Unidas, de sus convenios y sus resoluciones en defensa de los derechos humanos", ha argumentado.

Torres ha añadido que, por ello, le "entristece que haya comunidades, como la de Aragón (gobernada por PP y Vox), que derogan su Ley de Memoria Democrática" y eliminan también la disposición que rendía homenaje a los ciudadanos españoles de esa región que murieron en los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial.

"Eso ya no va solo contra una ley española, va en contra del derecho internacional, que dice claramente que esos campos de exterminio fueron campos aborrecibles y, por tanto, hay obligación de proteger a las familias y las personas que fueron víctimas de los mismos. Porque ahí se incumplieron absolutamente todos los derechos humanos", ha continuado. A su juicio, no tiene sentido que a estas alturas haya quienes "pretendan quitar los lugares de memoria o no quieran poner en el mapa las fosas" de los republicanos represaliados por el franquismo.