La Junta de Castilla y León reclama garantizar la compatibilidad entre el derecho a la salud de los ciudadanos y el respeto a las libertades individuales en el nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, en el que trabaja el Ministerio de Sanidad, para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que Castilla y León ha remitido a Sanidad una serie de "observaciones" para "mejorar" el texto planteado, según recoge EFE.

Entre ellas se encuentra la petición de que se regule "claramente" que, cuando se plantean intervenciones en el ámbito de la vida privada, se limiten lo menos posible las libertades individuales para "garantizar el derecho a la salud y a la libertad individual", a fin de que se puedan hacer compatibles ambos derechos, y que "quede claro para evitar recursos ante el Constitucional".

Igualmente, la Junta pide mayor definición sobre las responsabilidades de las administraciones públicas, para que las autoridades competentes conozcan su ámbito de actuación y, fundamentalmente, en materia de inspección, para que "quede claro a qué administración y autoridad le corresponde la inspección".

En las propuestas del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que se llevará para su aprobación al Consejo Interterritorial de Sanidad del 5 de abril, Castilla y León reclama que se analice el cumplimiento de la normativa vigente, fundamentalmente en ámbitos de transgresión como andenes, centros sanitarios, parques o transporte público.

"Es muy importante contar con un mecanismo para asegurar el cumplimiento de la normativa en vigor, ha insistido Fernández Carriedo, justo el día en el que se acaba el plazo dado por Sanidad para que las comunidades autónomas remitan sus propuestas, indicaciones u observaciones.