En plena campaña de movilizaciones agrarias, el MAPA ha remitido un documento a la Comunidades Autónomas con el contenido de las modificaciones del PEPAC 23-27 que se tramitarán a partir de 2024. Y dentro de ellas, lejos de ayudar al sector apícola, propone que la alimentación de las colonias de abejas únicamente sea subvencionable "en situaciones de emergencia declarada y justificada".

Esta propuesta de facto del MAPA supone un durísimo golpe a los apicultores/ras profesionales de Castilla y León, que solo en el ejercicio 2023 justificaron alrededor de 720.000 euros de euros por este concepto de gasto, lo que representa el 28% sobre el total de la partida presupuestaria del ejercicio 2023, que ascendía a 2.606.522 euros entre mejora de la producción y comercialización de la miel e intervención sectorial apícola. Fue la segunda línea más solicitada justo por detrás del tratamiento veterinario contra la varroosis.

Desde COAG Salamanca se pide al titular de la Consejería de Agricultura, Gerardo Dueñas, que defienda "a capa y espada el mantener este concepto de gasto" en las reuniones que se mantendrán con el Mapa para acordar dicho documento, al ser una "decisión totalmente injusta", máxime cuando existía un acuerdo con el sector para elaborar un documento técnico que permitiera justificar ante Bruselas la continuidad de este concepto de gasto, por ser la UE contraria a mantenerlo como hasta hoy según la versión del Ministerio.

Además, en el texto propuesto el Mapa no aclara suficientemente el criterio de "emergencia declarada y justificada", lo que representa una clara inseguridad jurídica para los propios afectados, que son los apicultores/as como destinatarios de estas ayudas, debiendo exigir la Junta las aclaraciones correspondientes al respecto, dado que la actividad apícola sufre continuamente situaciones imprevisibles por el efecto del actual cambio climático de muy difícil evaluación (anomalías climatológicas como sequía, olas de calor, frío, heladas, exceso de lluvia, etc.).

Para Jose Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca, el Ministerio de Agricultura dirigido por Planas "pretende acabar con la apicultura profesional". A la imposición del veterinario de explotación, la implantación de un plan sanitario integral con medidas absurdas sobre bioseguridad ahora se suma un recorte de las ayudas en una de las líneas más importantes y necesarias para la viabilidad de las explotaciones apícolas.