El Grupo Popular en la Diputación de Salamanca presentará en el pleno provincial una proposición de apoyo a los agricultores y ganaderos españoles que incluye el respaldo al plan de choque compuesto por 15 medidas que ha reivindicado el Partido Popular para hacer frente a la crisis del sistema agrario y agroalimentario español.

En este sentido, han destacado que el campo español "está atravesando una situación de dificultad que viene provocada por múltiples factores, como el incremento de los costes de producción, las asfixiantes exigencias burocráticas y regulatorias, la aplicación de la nueva PAC con más exigencias ambientales que recaen sobre los agricultores y ganaderos y la sequía. Todo esto ha motivado que miles de agricultores y ganaderos se manifiesten para reclamar al Gobierno de España y a la Unión Europea un cambio en el Plan Estratégico de la PAC, una modificación de las medidas ambientalistas y los ecoregímenes, una revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria o la derogación de la Ley de Bienestar Animal".

El PP asegura que "comparte" estas reivindicaciones porque "las políticas ambientalistas de la Unión Europea, que han sido amparadas y aún intensificadas por el Gobierno de España, han llevado al sector a una situación insostenible".

Así, han denunciado que "el Gobierno, con sus acciones, ha agravado la situación del campo. Ha negociado una PAC que ha supuesto menos ingresos y más exigencias ambientales, no ha dado respuesta a la situación de sequía, ha disparado los costes de producción, no ha adaptado el sistema de seguros agrarios, ha adelantado plazos por encima de lo exigido por la UE, ha establecido el impuesto al plástico y ha amenazado con un nuevo impuesto a la producción y distribución".

Entre las reivindicaciones que contempla esta proposición, se incluyen la exigencia de la flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) a efectos de reducir los trámites y revisar los ecoregímenes; promover un Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos e industrias, como garantía de seguridad alimentaria; exigir la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica; la creación de un equipo de expertos para revisar las políticas de sanidad animal; exigir al Gobierno el compromiso de no crear nuevos impuestos, ni aplicar cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria; rebajar el IVA de los productos esenciales, incluyendo carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos o sus derivados; o exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes por los daños causados en Francia a los productos españoles, entre otras cuestiones.