El sindicato CCOO denuncia que los funcionarios de la prisión de Topas sufrieron el año pasado nueve agresiones físicas, más del doble que en 2022.

Según estos datos, aportados a CCOO por la Administración, el año 2023 fue el peor del último lustro: una agresión en 2019; una en 2020; cuatro en 2021; cuatro en 2022 y las ya citadas nueve en 2023. Si se contabilizasen las agresiones verbales, la cifra alcanzaría "varios miles más".

Dado que la tónica se repite en todo el país, donde la cantidad total de reyertas  se dispara a 508, CCOO reivindica que "el tiempo lamentablemente no deja de darnos la razón" al rechazar el protocolo de actuación frente a agresiones en centros penitenciarios (PEAFA). Éste "no es preventivo, no protege al personal y recorta los derechos de la Ley de Prevención al personal de prisiones", zanjan.

El personal "está indefenso ante las agresiones que padece masivamente, porque las medidas que toman los responsables de Instituciones Penitenciarias dejan sin prevención ni protección al personal", hasta tal punto de convertirse "en un riesgo estructural y endémico de la actividad laboral en prisiones".

La violencia laboral "ha aumentado un 113,9% por cada mil presos desde 2010", según cálculos de CCOO, y el servicio de prevención "mira hacia otro lado con las agresiones que se repiten permanentemente año tras año, sin que se haya estudiado las razones que las originan, o las medidas para evitarlas y obviamente, sin ninguna propuesta para evitarlas". A juicio de CCOO, los funcionarios deberian tener la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de su función, entre otras medidas.