La Diputación de Salamanca ya tiene hechos los deberes. La institución provincial, reunida en pleno extraordinario, ha aprobado las cuestiones que atañen a su día a día, como el nombramiento de portavoces, el régimen de sesiones del pleno o la creación de las comisiones informativas, entre otras cuestiones de gestión interna.

Así, el Grupo Popular designa como portavoz a María del Pilar Sánchez García y como viceportavoces a David Mingo Pérez y Eva Picado Valverde; el Gurpo Socialista, que designa como portavoz a Fernando Rubio de la Iglesia y como portavoz suplente a Carmen Ávila de Manueles; y el Grupo Vox, que tendrá como portavoz a Celestino del Teso Rodríguez.

Los plenos serán los últimos jueves de mes, a las 9:30, aunque La Salina presume de "flexibilidad" para adecuarse a las agendas de todos los alcaldes del pleno.

La Diputación tendrá 15 comisiones de trabajo, que se reunirán los miércoles y los viernes para tratar cuestiones de Hacienda, Patrimonio Provincial y Cuentas; Fomento; Cultura; Gobierno Interior; Bienestar Social; Contratación; Agricultura y Ganadería y, finalmente, Medio Ambiente. La composición de cada una de estas Comisiones Informativas es de 15 miembros, de los que nueve corresponden al Grupo Popular, cinco al Grupo Socialista, uno para Grupo Mixto.

También cabe destacar que los diputados que no ostenten cargos para los que esté prevista la dedicación exclusiva, recibirán "las siguientes indemnizaciones por asistencia efectiva a los siguientes Órganos Colegiados": 480 euros por pleno ordinario (720 euros para los portavoces de los grupos, los diputados delegados y a los vicepresidentes); 480 euros por pleno extraordinario y 80 euros por cada junta de Gobierno y comisión informativa.

Finalmente, la Junta de Gobierno ostentará competencias relativas a las mancomunidades de municipios; el establecimiento, modificación y derogación de los precios públicos por prestación de servicios o la realización de actividades de competencia provincial, y el reconocimiento y autorización de compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública y para el ejercicio de actividades profesionales; las adjudicaciones de todo tipo de contratos que sean competencias del Pleno. Se delega en la Presidencia la aprobación de proyectos de obras y servicios.