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Los juzgados de Salamanca decidirán sobre las "millonarias subvenciones a dedo de la Diputación" denunciadas por Ganemos
La demanda ha sido admitida recientemente por el juzgado de lo contencioso-administrativo de Salamanca tras rechazar el TSJ la competencia del asunto en primera instancia
Ganemos Salamanca en la Diputación ha recibido notificación del juzgado de lo contencioso-administrativo de Salamanca para comparecer, tras haber presentado la demanda correspondiente contra "varias subvenciones a dedo a varios municipios afines" entregadas por el gobierno provincial, a través de la modificación del presupuesto provincial. Se trata de la iniciativa "más ambiciosa planteada por el grupo en la Diputación" y que de resolverse favorablemente para la agrupación "supondría un avance democrático considerable en todo el país".
Según el diputado de la agrupación, Gabriel de la Mora, "el PP utiliza las subvenciones nominativas con el fin de controlar los ayuntamientos y mantener sus redes clientelares, por eso queremos que los juzgados acaben con esta práctica antidemocrática que atenta contra el trato igual hacia los municipios". El litigio consiste en "solicitar una interpretación del poder judicial que impida la utilización perversa de la Ley de Subvenciones que estaría realizando la Diputación de Salamanca y muchas otras".
La finalidad de la iniciativa sería "forzar a que los gobiernos provinciales tengan que, al menos, justificar en Derecho por qué no realizan convocatorias abiertas de subvenciones, evitando así el uso arbitrario de los fondos públicos para favorecer a sus amigos, no como hasta ahora, que simplemente deciden a quien dar el dinero y lo llevan a votar al pleno, sin que nadie haga nada para impedirlo". El planteamiento de la agrupación, según el diputado, es que "el procedimiento pueda llegar hasta los tribunales superiores, para que se reafirme la jurisprudencia existente en contra de estas formas de proceder caciquiles".
Así, el procedimiento se inició hace varios meses. Sin embargo, fue paralizado por una posible falta de competencia en favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que finalmente ha resuelto que el asunto compete, en primera instancia, al juzgado de lo contencioso, quien en los próximos meses deberá resolver sobre el asunto.
La resolución judicial concluye que no hubo ni malversación, ni prevaricación ni falsedad documental en las actuaciones municipales denunciadas
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