Vox llevará el  martes a debate en el Pleno del Congreso una reforma del Código Penal para que la Policía pueda desalojar 'okupas' de las viviendas ajenas en las que se encuentren sin la correspondiente orden judicial, además de agravar las penas para los responsables.

Se trata de una propuesta que los de Santiago Abascal vienen defendiendo desde hace tiempo. Es más, su propio líder llegó a decir, ya en 2019, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder echar a okupas "con una patada en el culo", esto es, "inmediatamente", con el fin de garantizar la propiedad privada.

En aras de ese fin, este martes Vox pedirá apoyo al Congreso para que tome en consideración una proposición de ley que reforma el Código Penal con el objetivo de que los efectivos policiales puedan desalojar a los 'okupas' de las viviendas sin que medie procedimiento judicial.

En su iniciativa, Vox sostiene que la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles "no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman ilegítimamente para sí viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de actuar por causa de la falta de cobertura legal".

"Un Estado de Derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados, actuando fuera de las vías legales y/o so pretexto de una pretendida necesidad de vivienda, se apoderen de inmuebles que no les pertenecen y sobre los cuales no tienen título válido alguno para disfrutarlos", sostiene la formación.

Sanciones más duras

Vox alude a un "notable incremento" de los delitos de usurpación de viviendas durante los últimos años, asegurando que se multiplicaron por siete entre 2008 y 2018. Y avisa de que esto no solo afecta a los propietarios, sino que también genera "casos de irritación y protesta" entre los vecinos.

En su propósito de "sancionar con más dureza" la 'okupación', propone penas de prisión de uno a tres años para quienes accedan ilegalmente a una vivienda, de dos a cuatro años si se trata de la vivienda habitual de los propietarios y condenas de cuatro a seis años para quienes lo hagan además con violencia o intimidación.