Vox decide unilateralmente el recorte de 20 millones a sindicatos y patronal en subvenciones de la Junta

Una decisión que ha anunciado de manera unilateral el vicepresidente y que es un paso más en la cruzada contra el Diálogo Social que mantiene Vox. Una decisión que implica a la administración regional ya que son subvenciones de la Junta y también al gobierno autonómico en su conjunto, pero que podría generar conflicto ya que es algo de lo que se ha hablado en consejo de gobierno, sin que se hubiera tomado una decisión firme.

Durante una rueda de prensa para exponer la acción de gobierno, García-Gallardo recordó que el acuerdo de gobierno con el Partido Popular recoge la supresión de gasto superfluo y reconoció que las medidas se trataron en el último Consejo de Gobierno, donde hubo acuerdo aunque no se tomó de manera oficial ni solemne. 

Las cantidades suponen, como han aseverado los miembros del Gobierno autonómico, el "fin de las subvenciones directas" para diálogo social y prevención de riesgos laborales que suelen recibir "casi exclusivamente" CEOE, CCOO y UGT, como los 4 millones de euros en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional; los más de 12 millones para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, o 925.000 para acciones de integración laboral de inmigrantes.

El anuncio de estas medidas coincidió con la firma en Madrid del acuerdo para el mantenimiento del empleo en las plantas de Siro en Castilla y León, pero el vicepresidente de la Junta manifestó que es independiente dentro de la acción de gobierno y que se han presentado esta tarde porque se requería un estudio de la Consejería implicada.

CCOO, UGT y Cecale, sin subvenciones

Eso sí, las decisiones no se han trasladado a los sindicatos porque, como ha puntualizado Mariano Veganzones, entienden que se trata de "una decisión de Gobierno" y "como tal, se comunica en rueda de prensa". Las medidas se dirigen a recortar "de manera significativa" el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales, así como la supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y utilidad para los ciudadanos.

También se implementarán mejoras de la eficiencia del gasto, mediante la transformación en concurrencia competitiva de las subvenciones directas gestionadas por los mismos actores y que no estén afectadas por las anteriores medidas. Según indicó el vicepresidente en rueda de prensa, el objetivo de la Junta para el próximo presupuesto 2022-2023 pasa por reducir en no menos de un 50 por ciento el dinero público que reciben los agentes sociales en Castilla y León.

La primera Consejería en dar forma a este compromiso es la de Empleo, Comercio e Industria, con un plan de recorte pionero en España que revisa todas las partidas públicas entregadas a los agentes sociales, pero como ha advertido García-Gallardo, es "solo el principio". García-Gallardo se ha mostrado convencido, en nombre de "todo el Gobierno", que "la paz social no debe ser a costa de subvenciones, del apesebramiento del gasto público que con mucho esfuerzo pagan todos los castellanoleoneses".