El PP de Salamanca plantea a los apicultores reformar la ley de la cadena alimentaria para proteger al sector

Aspiran a exigir en Bruselas "reciprocidad" con los competidores extraeuropeos y evitar que vendan "siropes" como si fueran mieles

El PP de Salamanca plantea a los apicultores reformar la ley de la cadena alimentaria para proteger al sector
Reunión del PP con representantes del sector apícola.
Daniel Bajo Peña
2 min de lectura

El PP de Salamanca busca apoyos entre un colectivo capital para el campo salmantino: los apicultores. El secretario provincial del PP de Salamanca, David Mingo, la candidata del PP al Congreso de los Diputados, Pilar Sánchez, y el candidato del PP al Senado, Bienvenido de Arriba, se han reunido esta tarde con representantes de dicho colectivo para trasladarles sus propuestas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Mingo ha revelado que Salamanca es una de las tres provincias españolas, junto a Cáceres y Badajoz, con más peso en la producción apícola nacional. Calcula que unos 400 profesionales del sector trabajan en nuestra provincia -sin contar los aficionados a la apicultura-, donde gestionan en torno a 300.000 colmenas. Según los populares, esta actividad "fija población" y contribuye a la biodiversidad ambiental.

Las propuestas del PP para este colectivo pasan por plantear "una fiscalidad justa" para que "un año bueno no sostenga a uno mal por la sequía" y aplicar dos normas sobre producción y etiquetado muy relacionadas entre sí.

La primera propuesta al respecto es insistir en Bruselas para aplicar el principio de "reciprocidad y transparencia" a las mieles extraeuropeas. Según Mingo, producir un kilo de miel española cuesta en torno a 4 euros y los supermercados venden mieles chinas, ucranianas y turcas por menos de 2 euros. El problema, según el PP, es que esos botes contienen "siropes" y no miel equiparable a la nacional. Quieren "las mismas reglas" para todos los que comercien con Europa y un "etiquetado claro" sobre qué se está vendiendo realmente. La legislación actual, afirman, se ha hecho "sin pisar el campo" ni conocer el problema del "desplome" de precios en origen.

La segunda gran promesa enlaza en este punto con la primera: reformar la ley de la cadena alimentaria "para que nadie venda por debajo de los costes de producción", así como aprobar ayudas frente al encarecimiento del gasóleo y tarifas energéticas adaptadas a las campañas del campo "tal y como hemos exigido en el Senado".

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