La falta de médicos y de atención especializada en la prisión de Topas preocupa cada vez más a los trabajadores penitenciarios. CCOO ha vuelto a alertar sobre el deterioro de la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios de Castilla y León, especialmente en el salmantino, donde asegura que solo hay dos facultativos para atender a una población cercana a los 1.300 internos. El sindicato vincula esta situación con las dificultades para atender los problemas de salud mental de los reclusos y con el aumento de los riesgos para las plantillas, tras las últimas agresiones registradas en el centro.

Según las estimaciones trasladadas por la organización sindical, alrededor del 40 % de las personas internas en las prisiones de Castilla y León podría presentar algún problema de salud mental. Una proporción que, a juicio de CCOO, contrasta con la escasez de profesionales sanitarios y la falta de recursos especializados para atender a quienes necesitan asistencia psiquiátrica.

El sindicato considera que ya no se trata únicamente de un problema asistencial, sino también de una cuestión de derechos fundamentales, salud pública y seguridad laboral. La falta de diagnósticos, tratamientos y seguimiento de determinados pacientes repercute, según denuncia, en la convivencia dentro de las cárceles y en las condiciones de trabajo de sus empleados.

Topas tiene dos médicos y se preveían nueve

La situación de la prisión salmantina es uno de los ejemplos que CCOO utiliza para ilustrar las carencias de la sanidad penitenciaria. El sindicato recuerda que ya en abril de 2026 denunció que Topas contaba únicamente con dos médicos para una Relación de Puestos de Trabajo que contempla nueve plazas, pese a tener una población reclusa cercana a los 1.300 internos y en aumento.

Esta falta de facultativos dificulta garantizar una atención sanitaria continuada, detectar a tiempo las patologías mentales y realizar un seguimiento adecuado de las personas que necesitan tratamiento.

CCOO advierte de que las prisiones están asumiendo situaciones clínicas cada vez más complejas sin disponer de los medios humanos y especializados necesarios. También alerta de las consecuencias que esta carencia tiene para los trabajadores, que deben afrontar episodios de crisis y situaciones de riesgo sin contar siempre con los recursos adecuados.

La organización sindical recuerda que las personas privadas de libertad mantienen su derecho a recibir una atención sanitaria digna y que los profesionales penitenciarios tampoco pueden seguir soportando las consecuencias de las deficiencias del sistema.

Más médicos y atención psiquiátrica presencial

Ante este escenario, CCOO reclama un refuerzo inmediato de las plantillas sanitarias, con la cobertura de las plazas médicas vacantes y la incorporación de más profesionales de enfermería y especialistas en salud mental.

Entre sus principales reivindicaciones figura también implantar una atención psiquiátrica estable y presencial en las prisiones, que permita realizar diagnósticos, establecer tratamientos y garantizar el seguimiento de los internos que lo necesiten.

Otra de las demandas es completar la transferencia de la sanidad penitenciaria a la Comunidad de Castilla y León, una medida prevista en la legislación sanitaria que permitiría integrar la atención de las personas reclusas en el sistema público de salud y facilitar la continuidad de sus tratamientos.

El sindicato pide igualmente revisar las plantillas y las condiciones de trabajo para adaptarlas a las necesidades actuales de los centros. A ello suma el refuerzo de la prevención de riesgos laborales, con protocolos de actuación, formación y medios suficientes para responder a situaciones de crisis y reducir las agresiones al personal.

CCOO insiste en que mejorar la asistencia sanitaria a los internos es también una forma de proteger a quienes trabajan en las cárceles. A su juicio, no se puede exigir a los funcionarios penitenciarios que compensen con su esfuerzo y profesionalidad unas carencias estructurales que corresponden a la Administración. Por ello, reclama que los centros cuenten con médicos, psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería y equipos multidisciplinares capaces de responder a la complejidad de la población reclusa.