El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena a una cuidadora que utilizó la tarjeta bancaria y el código PIN de una anciana de 97 años para retirar de su cuenta un total de 3.300 euros. Los magistrados han desestimado el recurso de apelación presentado por la trabajadora y mantienen la pena de un año y once meses de prisión, así como la indemnización que deberá abonar a los herederos de la víctima.

La acusada había sido condenada por la Audiencia Provincial de Salamanca por un delito de estafa. Su defensa recurrió la resolución alegando vulneración del derecho a la presunción de inocencia y errores en la valoración de las pruebas. Sin embargo, el tribunal autonómico considera que existen elementos suficientes para acreditar su participación en las extracciones.

El caso presentaba una dificultad: no había imágenes de las cámaras de los cajeros ni pruebas que identificaran directamente a la cuidadora como la persona que realizó los reintegros. Tampoco existían firmas que permitieran atribuirle las operaciones. La condena se apoyó, por tanto, en una serie de indicios que los magistrados consideraron coherentes entre sí.

Uno de los más importantes fue el testimonio de la profesora del centro de yoga al que acudía la anciana. Su declaración permitió demostrar que la cuidadora había utilizado la tarjeta de la mujer para pagar una cuota y que conocía su código PIN, ya que lo había introducido personalmente durante la operación.

A ello se sumaron unas grabaciones de conversaciones telefónicas con familiares y empleadas de la víctima. En ellas, la propia acusada reconocía haber sacado dinero de los cajeros utilizando la tarjeta y la clave de la anciana. Para justificarlo, aseguraba que había retirado efectivo con la intención de reponer cantidades que la mujer había extraviado anteriormente.

Los jueces no consideraron creíble esa explicación. También señalaron la contradicción entre lo que manifestaba en las conversaciones grabadas y su declaración durante el juicio, donde negó haber realizado extracción alguna.

Otro de los elementos examinados fue el horario de los movimientos bancarios. Varias retiradas se produjeron entre las 9.00 y las 11.00 horas, coincidiendo con el periodo en el que la cuidadora prestaba sus servicios a la anciana.

La sentencia también menciona los viajes que la trabajadora realizó posteriormente a Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria, pese a haber manifestado antes que carecía de recursos económicos para permitírselos. Los magistrados consideran que este dato tiene escaso peso por sí solo, aunque contribuye a reforzar el conjunto de indicios.

La condena no se extendió a todos los movimientos bancarios sospechosos. La cuidadora fue absuelta de otros apoderamientos de cantidades superiores, entre ellos reintegros de 10.000 y 12.000 euros y otras extracciones en BBVA, porque no había pruebas suficientes para demostrar que hubiera intervenido en ellos. Esta distinción es uno de los aspectos que recoge la resolución para respaldar la valoración de las pruebas. Los tribunales consideraron acreditados únicamente los hechos para los que existían indicios suficientes.

Con la desestimación del recurso, el TSJ de Castilla y León ratifica íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca y mantiene la condena de un año y once meses de cárcel por la estafa de 3.300 euros a la anciana de 97 años.