La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude en contratos relacionados con el mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente ocurrido en Urda (Toledo), donde dos trenes chocaron el pasado 28 de octubre, dejando un total de 69 muertos.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este viernes a la sede de Adif, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Tribunal de Cuentas para requerir contratos que habrían sido financiados con fondos europeos.

La investigación se ha abierto tras el accidente ocurrido en Urda, del mismo modo que la Fiscalía Europea inició similares pesquisas tras el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, en la misma línea de alta velocidad, donde también chocaron dos trenes tras descarrilar uno de ellos y fallecieron 46 personas.

Según las fuentes consultadas, se investiga la presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros presuntos delitos.

En concreto, la Fiscalía Europea está escudriñando contratos relacionados con el mantenimiento de la vía y con los sistemas de seguridad, tras un siniestro que se produjo tras la caída del sistema de seguridad LZB, que llevó a los trenes a circular bajo otro sistema.

El choque de un tren AVE de Renfe contra otro de Iryo, que estaba detenido en la vía, se produjo a las 8:53 horas del pasado 28 de octubre, tras recibir el maquinista del AVE la autorización de reanudar la circulación a "marcha normal" a pesar de que el otro convoy seguía parado.

En este accidente fallecieron 69 personas y resultaron heridas centenares. De los 110 viajeros que fueron hospitalizados inicialmente en seis centros hospitalarios de Castilla-La Mancha, 95 ya han recibido el alta.

"Esta confirmación excepcional se produce tras el gran interés público y no se facilitarán más detalles en este momento de la investigación", ha comunicado la Fiscalía Europea (EPPO), encargada de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.

El pasado 20 de marzo, la EPPO ya abrió de oficio otra investigación en los mismos términos tras el accidente que tuvo lugar el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas.

En aquella fecha, la Fiscalía informó sobre el inicio de pesquisas en relación con el "mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla".

Las fuentes precisan que la Fiscalía Europea está en permanente contacto con los dos juzgados encargados de investigar las causas de los dos accidentes -el juzgado número 2 de Montoro (Córdoba) y el número 1 de Orgaz (Toledo)-, pesquisas independientes a las que mantiene abiertas este organismo europeo, que se centran en los contratos financiados con fondos comunitarios.