El nuevo reglamento de uso de instalaciones deportivas de Salamanca, aprobado este jueves por el pleno municipal, deja claras sus intenciones desde el primer momento: "En los últimos años se ha constatado una creciente preocupación social en torno a determinadas conductas incívicas y episodios de violencia vinculados a la práctica deportiva", lo que hace "imprescindible" adoptar normas que corten de raíz estas actitudes. Aunque las federaciones e instituciones impulsan medidas de juego limpio "las evidencias demuestran que esto no resulta suficiente y que todavía hay cosas que se pueden hacer".

El entrecomillado está sacado de la exposición de motivos del reglamento. ¿Qué significa? En román paladino, que no va a pasar ni una a quienes entienden el deporte como una 'barra libre' de conflictos y mala educación. Para empezar, a partir de ahora, los espectadores tendrán la condición de usuarios de las instalaciones y las normas de uso les incumbirán directamente.

El reglamento mima el cuidado del deporte base y a las posibilidades formativas de éste entre los menores, especialmente en lo que atañe a respeto a los demás, competitividad, trabajo en equipo, etc.

Así, advierte de que cometerá una infracción grave quien ejerza un "maltrato personal" o un "comportamiento irrespetuoso y antideportivo" hacia otros usuarios o responsables de las instalaciones. Y si esas actitudes incívicas afectan a menores de edad, responsables de las instalaciones, personas con discapacidad, árbitros o jueces de la competición, se calificarán de "muy graves". 

Castigos

Los castigos estarán en consonancia con la gravedad de los hechos. Habrá multas económicas y también se contempla vetar la entrada en recintos deportivos.

Los casos más leves prevén sanciones de hasta 750 euros y "cierre de la instalación al público relacionado con el causante de la falta por un periodo de 1 a 5 semanas".

Si la infracción es grave, la multa podría llegar a los 1.500 euros, a los que se sumaría hasta un año sin usar las instalaciones (12 semanas como máximo para el público relacionado con el infractor).

Las faltas más severas castigan con hasta los 3.000 euros de multa y dos años de veto como usuarios de las instalaciones, ya se trate de personas físicas o jurídicas. La intención evidente es zanjar como sea los comportamientos antideportivos o directamente vandálicos que pueden darse en algunas competiciones.

Responsables subsidiarios

El reglamento aclara que la responsabilidad recaerá en primer lugar en las personas físicas que cometen las faltas, pero advierte de que los clubes o los progenitores, en el caso de los menores de edad, pueden responder como responsables subsidiarios.

Para rizar el rizo, el artículo 45 advierte de que abonar una sanción económica no resuelve el problema por sí solo, porque si las instalaciones públicas han resultados dañadas, alguien tendrá que pagar la reparación. 

La multa, por tanto, "será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados". En pocas palabras, el que la rompe, la paga. Y si son menores de edad, pagan sus padres.

Como alternativa, se contempla la posibilidad de conmutar algunas sanciones por la realización de trabajos para la comunidad "de naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción".

El reglamento dedica un total de 12 artículos a detallar el régimen sancionador. Todo sea por evitar que los chavales y los árbitros vivan experiencias negativas mientras practican su deporte favorito.