La Plataforma Cuidamos Villamayor ha obtenido una victoria judicial en su batalla contra la fábrica de grasas de Doñinos de Salamanca. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Salamanca, plaza número 1, ha estimado el recurso presentado por la asociación vecinal contra el decreto municipal que legalizaba diversas obras ejecutadas en las instalaciones de SERVCOR LOGISTICS, S.L.U., ubicadas en el paraje Finca Argentina.

La resolución anula la licencia impugnada y obliga al Ayuntamiento a actuar para restaurar la legalidad urbanística infringida por la empresa propietaria de la fábrica. Un pronunciamiento que la plataforma considera un respaldo a la movilización vecinal y a su defensa del cumplimiento de la normativa, tal y como han explicado en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El motivo determinante de la sentencia es el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de uso excepcional concedida en el año 2000. En concreto, el tribunal constata que no se había inscrito en el Registro de la Propiedad la vinculación del terreno al uso autorizado, junto con su condición de indivisible y las limitaciones impuestas. Asimismo, aprecia que tampoco se respetaba la condición relativa a la ocupación máxima de la parcela.

La sentencia rechaza que estos requisitos puedan considerarse simples formalidades y concluye que el Ayuntamiento no podía conceder la licencia de legalización conociendo que las condiciones de la autorización inicial no se habían cumplido.

"Dado que a la propia Administración municipal le constaba que las condiciones impuestas en la autorización de uso excepcional no estaban cumplidas, no podía haber otorgado la licencia de legalización de las obras objeto de esta litis", recoge el fallo.

Otro de los aspectos destacados por la plataforma es el pronunciamiento judicial sobre la legalización de obras ejecutadas sin licencia. La resolución advierte de que este procedimiento no puede convertirse en una vía privilegiada para regularizar actuaciones que no habrían podido obtener autorización si se hubieran solicitado previamente.

"La legalización de obras ejecutadas sin licencia no puede desde luego constituir un procedimiento de regularización privilegiado, ni permite obtener una licencia que no habría podido concederse si se hubiese solicitado antes de ejecutar las obras", señala la sentencia.

El tribunal también mantiene el interés de la asociación vecinal en obtener una declaración de que la licencia era contraria a Derecho cuando se concedió, pese a la posterior modificación de las normas urbanísticas municipales. Una modificación que, según explica el letrado de la plataforma, no necesariamente permitiría regularizar las instalaciones.

En este sentido, advierte de que cualquier intento de adaptación a la normativa tendría que respetar las condiciones de ocupación de parcela y retranqueos, lo que, a su juicio, "exigiría derribar parte de las instalaciones actualmente existentes".

La plataforma reclama al Ayuntamiento que cumpla la sentencia

Desde Cuidamos Villamayor consideran que el fallo representa un avance importante en la defensa del entorno, la salud pública y la calidad de vida de los vecinos. La asociación interpreta la resolución como un respaldo a su trabajo frente a las actuaciones que considera contrarias a la legalidad urbanística.

No obstante, la sentencia todavía no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tanto por la empresa como por el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca.

La plataforma considera que un eventual recurso municipal supondría utilizar recursos públicos en defensa de intereses privados y reclama al Consistorio que cumpla íntegramente la resolución judicial. Asimismo, insta al Ayuntamiento a no utilizar posibles modificaciones urbanísticas posteriores como argumento para eludir la ejecución del fallo y la restauración de la legalidad.

La asociación vecinal asegura que mantendrá su vigilancia sobre las instalaciones para garantizar que la fábrica cumpla la normativa vigente y que las administraciones competentes hagan lo propio, en una reivindicación que, según sostiene, continuará centrada en la defensa del medio ambiente y el derecho de los vecinos a vivir en un entorno saludable.