El accidente ferroviario de Urda (Toledo) marcará este martes la agenda del Gobierno. Seis días después de la tragedia, que dejó 69 personas fallecidas y más de 200 heridas, el Ejecutivo aprobará un paquete de ayudas para las víctimas y sus familiares y el ministro de Transportes, Óscar Puente, tendrá que dar explicaciones en el Congreso sobre la gestión del siniestro.

La jornada tendrá dos escenarios. Por la mañana, el Consejo de Ministros dará luz verde a un real decreto con medidas económicas y de asistencia para los afectados. Por la tarde, Puente comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones del pleno cuando las Cortes están disueltas, para informar sobre las circunstancias del accidente y la actuación de su departamento.

El ministro también explicará el contenido del informe elaborado por Transportes sobre el choque de los dos trenes de alta velocidad ocurrido el pasado 28 de octubre en las inmediaciones de Urda. La comparecencia llega en un momento de fuerte presión política, con varias formaciones reclamando su dimisión y con la investigación todavía abierta.

El decreto de ayudas que aprobará el Gobierno toma como referencia el modelo aplicado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero. Una de sus principales medidas será duplicar las indemnizaciones previstas en el seguro obligatorio de viajeros (SOV). Con esta modificación, la compensación automática máxima por cada fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros. El sistema también contempla anticipar los pagos para que las víctimas y sus familiares puedan recibir una primera indemnización sin tener que esperar a que terminen todos los procedimientos administrativos o judiciales.

El paquete incluye, asimismo, un procedimiento especial de baja laboral con cobertura mejorada para las personas que hayan sufrido lesiones en el accidente. El objetivo es facilitar su recuperación y evitar que la situación administrativa o laboral añada más dificultades a las consecuencias de la tragedia.

Otra de las medidas será la apertura de oficinas de atención integral personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas donde residan los afectados. Estos puntos servirán para centralizar gestiones, ofrecer información y prestar apoyo, de manera que las víctimas y sus familias no tengan que desplazarse hasta Toledo para resolver los trámites.

Puente, ante las peticiones de dimisión

La sesión parlamentaria será uno de los momentos más delicados para el ministro desde que se produjo el accidente. La oposición y varios grupos políticos han reclamado su dimisión, aunque el PSOE y EH Bildu defienden que es necesario esperar a las conclusiones de la investigación antes de exigir responsabilidades políticas.

Puente ha rechazado hasta ahora abandonar el cargo. Su argumento es que su manera de asumir responsabilidades consiste en "dar la cara", esclarecer lo ocurrido y continuar al frente del Ministerio. Tras el siniestro, el ministro llegó a ofrecer su puesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien consideró que apartarlo sería "injusto" y le trasladó que debía continuar gestionando la situación.

La comparecencia llega, además, después de que el accidente de Urda se haya convertido en el segundo siniestro ferroviario mortal en España en apenas nueve meses, tras el ocurrido en Adamuz en enero.

Más allá de las explicaciones políticas, otra de las cuestiones que tendrá que abordar Puente es la revisión de los protocolos de circulación cuando fallan los sistemas de protección de los trenes de alta velocidad.

En las últimas horas, tanto el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) como la operadora Iryo han solicitado por carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), dependiente de Transportes, que revise las condiciones de circulación cuando dejan de funcionar los sistemas LZB o ERTMS. La principal propuesta pasa por limitar a 40 kilómetros por hora la velocidad de los trenes cuando, tras perder la supervisión del sistema LZB, tengan que circular mediante el sistema de bloqueo de señalización lateral (BSL) y con el ASFA como protección. Esta velocidad corresponde a la denominada 'marcha a la vista', que obliga al maquinista a avanzar con especial precaución y preparado para detener el tren ante cualquier obstáculo.

La petición de Iryo coincide con la planteada por los maquinistas, que reclaman impedir que los convoyes recuperen la marcha normal cuando pueda haber más de un tren en el mismo tramo de vía y fallen los sistemas de protección.

Por su parte, Renfe ya trabaja en nuevas instrucciones para sus maquinistas con una consigna similar: evitar que los trenes circulen a velocidad normal cuando se produzca una caída del sistema LZB.