La Federación Estatal LGTBI+ alerta de obstáculos para acceder a las pruebas del VIH en Atención Primaria, especialmente en municipios pequeños donde no existen centros especializados. La denuncia se apoya en un estudio elaborado junto a la Universidad de Salamanca que recoge testimonios de personas a las que el personal sanitario habría rechazado realizarles la prueba.

La entidad advierte de que, en las localidades donde el test se gestiona a través de los centros de salud, algunas personas se encuentran con negativas basadas en una supuesta falta de riesgo, necesidad o utilidad de la prueba.

Según la federación, estas respuestas pueden estar condicionadas por las percepciones y los estereotipos del personal sanitario, lo que dificulta el acceso a una herramienta esencial para detectar la infección.

La coordinadora del Grupo de Salud Integral de la Federación Estatal LGTBI+, Irene Aterido, señala que el problema puede agravarse en los municipios pequeños, donde los profesionales de Atención Primaria mantienen un contacto cercano con el entorno social y familiar de quienes solicitan la prueba.

Esta proximidad puede generar vergüenza o temor a compartir aspectos de la vida privada, lo que disuade a algunas personas de acudir a consulta o pedir un test.

Por ello, la organización defiende que la voluntad de hacerse la prueba debería ser suficiente, sin necesidad de justificar los motivos de la solicitud ni exponerse a posibles juicios o respuestas estigmatizantes.

La Federación Estatal LGTBI+ reclama formación para el personal sanitario con el objetivo de facilitar el acceso a las pruebas del VIH y a la medicación preventiva, así como evitar que los prejuicios interfieran en la atención.

La entidad recuerda que más de la mitad de los diagnósticos de VIH en España siguen siendo tardíos. Esta detección puede reducir la eficacia del tratamiento antirretroviral y perjudicar la calidad y la esperanza de vida, además de favorecer la transmisión del virus.

La denuncia pone el foco en la necesidad de garantizar que cualquier persona pueda acceder a la prueba en condiciones de privacidad y sin obstáculos injustificados, independientemente de su lugar de residencia.