Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, la vivienda pasó a ocupar un lugar central en su discurso político. La recuperación del Ministerio de Vivienda fue una de las primeras señales de esa apuesta y, con el paso de los años, el Ejecutivo ha ido acumulando leyes, ayudas, avales, planes y nuevas estructuras públicas. El balance, sin embargo, obliga a separar las medidas aprobadas de sus resultados. La política de vivienda ha cambiado, pero el problema que pretendía resolver sigue lejos de estar solucionado. El acceso a una casa continúa siendo una de las principales dificultades para jóvenes y hogares con ingresos medios y bajos, mientras aumentar la oferta se mantiene como el gran reto pendiente.

La primera gran reforma llegó en 2023 con la Ley de Vivienda. La norma permitió establecer mecanismos para limitar los alquileres en las denominadas zonas tensionadas y otorgó nuevas herramientas a las administraciones para intervenir en el mercado.

Su aplicación, no obstante, quedó condicionada por las competencias autonómicas. No todas las comunidades han optado por utilizar los mecanismos previstos y el modelo ha terminado generando un mapa desigual. La ley, además, provocó un enfrentamiento político con las comunidades gobernadas por el PP y fuertes críticas de parte del sector inmobiliario. Fue una victoria legislativa para el Gobierno, pero no una solución general al problema del alquiler.

Facilitar la compra en lugar de abaratarla

El Ejecutivo también buscó una vía diferente para quienes aspiran a comprar una vivienda. Los avales del ICO permiten cubrir hasta el 20% del importe de determinadas operaciones y pretenden facilitar el acceso a una hipoteca a personas que tienen ingresos suficientes para pagarla, pero no cuentan con el ahorro necesario para afrontar la entrada. El objetivo inicial se situó en torno a las 50.000 viviendas.

La medida puede reducir una de las barreras de acceso a la propiedad, pero tiene un límite evidente: facilitar la financiación no aumenta por sí mismo el número de viviendas disponibles ni reduce su precio. Es una constante en buena parte de la política desarrollada durante estos años. El Gobierno ha creado herramientas para ayudar a determinados compradores o inquilinos, pero la solución estructural depende de conseguir que haya más vivienda en el mercado.

No todo se ha quedado en planes. El Gobierno puso fin a las denominadas 'golden visa', que permitían obtener determinados permisos de residencia mediante inversiones, entre ellas la compra de una vivienda de al menos 500.000 euros. En este caso, el cambio sí se ha producido y el mecanismo ha desaparecido. También se ha mantenido el Bono Alquiler Joven, con una dotación de 200 millones de euros, y se han impulsado programas para aumentar la construcción industrializada de vivienda, entre ellos un PERTE con una inversión pública prevista de 1.300 millones de euros en diez años.

Son medidas concretas, pero su capacidad para modificar el mercado inmobiliario en su conjunto es necesariamente más limitada que la de un aumento significativo de la oferta.

El problema de los pisos turísticos 

La vivienda turística se convirtió en otro de los frentes de la política del Gobierno. El Ejecutivo intentó reforzar el control sobre los alquileres de corta duración y puso en marcha un registro estatal. Pero la estrategia sufrió un revés judicial. El Tribunal Supremo anuló el registro al considerar que el Gobierno había excedido sus competencias. La decisión muestra otra de las dificultades de la política estatal de vivienda: el Ejecutivo puede legislar sobre determinados aspectos, pero las competencias están repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

El proyecto que mejor representa el intento de cambiar esa situación desde el Estado es Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda y suelo.

El Gobierno pretende utilizarla para concentrar patrimonio público, promover vivienda asequible y aprovechar activos procedentes de distintas administraciones. Entre los objetivos anunciados figuran 40.000 viviendas procedentes de Sareb y terrenos con capacidad para otras 55.000. Pero aquí también resulta necesario distinguir entre patrimonio previsto y viviendas disponibles.

Casa 47 ya ha empezado a operar y ha puesto en marcha un portal con una primera oferta de 800 viviendas en alquiler asequible. Esa cifra es una realidad; las decenas de miles de viviendas planteadas como objetivo todavía forman parte de un proceso mucho más amplio de movilización, construcción y adjudicación. Por eso, el verdadero alcance de esta política no podrá medirse por las cifras anunciadas, sino por cuántas viviendas terminan llegando efectivamente al mercado y en qué condiciones.

Y una de las reformas clave sigue bloqueada

La distancia entre las intenciones y los resultados se hace todavía más evidente con la Ley de Suelo. El sector inmobiliario reclama desde hace años cambios que reduzcan la inseguridad jurídica y permitan agilizar la transformación de suelo y la construcción de nuevas promociones. El Gobierno intentó reformar la legislación, pero la iniciativa no consiguió salir adelante en el Congreso.

Lo mismo ocurrió con algunas de las últimas medidas planteadas para ampliar la protección de los inquilinos y hogares vulnerables. La extensión de determinadas prohibiciones de desahucio, la prórroga automática de alquileres y nuevos incentivos fiscales quedaron sin aprobar tras el rechazo parlamentario. Es decir, junto a las medidas que sí han entrado en vigor existe una lista significativa de reformas que siguen pendientes.

Después de años de anuncios, leyes y planes, la política de vivienda de Pedro Sánchez deja un balance difícil de resumir únicamente en éxitos o fracasos.

El Gobierno ha creado nuevas herramientas, ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia, ha puesto en marcha avales públicos, ha eliminado las 'golden visa' y ha creado una nueva estructura estatal para impulsar vivienda asequible. Pero el gran objetivo sigue pendiente: aumentar de forma suficiente la oferta de vivienda accesible.

La diferencia entre los primeros anuncios y la situación actual está precisamente ahí. Se han construido mecanismos para intervenir en el mercado y se han comprometido miles de millones y decenas de miles de viviendas, pero buena parte de ese esfuerzo todavía tiene que traducirse en casas disponibles para quienes no pueden asumir los precios actuales.