Los funcionarios del Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca, están entre el personal penitenciario al que afectaría la reforma que este miércoles, 30 de septiembre, debate el Pleno del Senado para reconocer legalmente la condición de agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones.

La modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria llega a la Cámara Alta después de que el Congreso de los Diputados la aprobara el pasado 11 de junio con 323 votos a favor, 21 en contra y dos abstenciones. Ahora, el Senado continúa con su tramitación.

Para CCOO, se trata de una reivindicación histórica del personal de prisiones y de una medida que permitiría reforzar su protección jurídica y reconocer las responsabilidades que desempeñan diariamente los trabajadores de los centros penitenciarios.

El reconocimiento como agentes de la autoridad tendría efectos que van más allá de la protección penal frente a posibles agresiones. La reforma contempla que los hechos constatados por los funcionarios tengan valor probatorio en los procedimientos disciplinarios, salvo prueba en contrario.

El texto también establece que el Estado se haga cargo de las indemnizaciones por daños personales y materiales sufridos como consecuencia del ejercicio de la profesión cuando el responsable sea insolvente.

La propuesta incluye además una mayor protección para el personal laboral que desarrolla su actividad en los centros penitenciarios, una cuestión que CCOO ha defendido durante la tramitación de la iniciativa.

En Salamanca, la modificación afectaría al personal penitenciario que desarrolla su trabajo en Topas, dentro del conjunto de trabajadores de la Administración Penitenciaria contemplados en la reforma.

CCOO considera que el debate de este miércoles puede culminar una reivindicación que el colectivo lleva planteando desde hace años y reclama que el reconocimiento legal se traduzca en una protección efectiva para el personal penitenciario y en unas condiciones de trabajo acordes con las responsabilidades que asume.