La historia podría parecer una serie de narcotráfico de esas que se han hecho populares en las plataformas, pero ocurrió en la realidad y ahora ha llegado a los tribunales. La Audiencia de Madrid juzga esta semana a cuatro hombres acusados de participar en una operación para trasladar 400 kilos de cocaína desde Colombia hasta España y llevar posteriormente el cargamento hasta la Costa del Sol. Lo que los presuntos narcotraficantes no sabían era que algunas de las personas con las que estaban negociando formaban parte de la Policía y trabajaban como agentes encubiertos.

Durante la segunda jornada del juicio, celebrada este martes, varios de estos agentes han explicado cómo se introdujeron en el entorno de la organización para ganarse su confianza. Utilizaron nombres en clave como Croca, Souba, Estrella, Lego o Portobello y mantuvieron diferentes encuentros con los investigados antes de que la operación culminara con las detenciones, el 7 de junio de 2023. El objetivo era conseguir que los sospechosos confiaran en ellos y generar el mayor número posible de pruebas sobre su participación en el traslado de la droga.

La investigación incluyó encuentros en un centro comercial y conversaciones sobre las condiciones del supuesto servicio que iban a prestar los agentes. Incluso llegaron a reclamar 150.000 euros como honorarios para reforzar la apariencia de que formaban parte de la operación. Uno de los momentos clave llegó cuando un supuesto 'químico' de la organización comprobó la calidad de la droga. Los agentes también consiguieron que uno de los implicados, actualmente fugado, recogiera 200 kilos de cocaína, una maniobra que permitió avanzar hacia las detenciones.

La droga formaba parte de una entrega controlada en la que participaron agentes colombianos y españoles. La operación se puso en marcha después de una petición de la Fiscalía de Colombia a la Fiscalía Antidroga española. Según han explicado los agentes, el cargamento fue vigilado durante todo el recorrido. La droga terminó bajo custodia policial y permaneció posteriormente en el complejo de Canillas, en Madrid.

El presidente del tribunal, David Cubero, llegó a recordar durante el interrogatorio que "el agente encubierto se juega la vida", después de que una de las defensas planteara preguntas sobre información que uno de los policías aseguró no conocer.

Cuatro acusados y dos fugados

La causa comenzó con seis detenidos, aunque actualmente son cuatro los procesados que se sientan en el banquillo: Kalimán, Hermano -dos de ellos hermanos-, Conde y Mayor. Los otros dos acusados han huido. Uno permanece en paradero desconocido desde hace tiempo y el otro protagonizó una fuga especialmente llamativa hace apenas unas semanas, en la propia Audiencia Provincial.

Se trata de Said, conocido como el Jeke, que acudió a una comparecencia en la que debía decidirse si volvía a ingresar en prisión. Hasta entonces había cumplido las medidas de control impuestas. Incluso había entregado su DNI a los funcionarios, pero en un momento dado se levantó de su asiento y no volvió a aparecer. Su fuga se convirtió en otro capítulo inesperado de un procedimiento que ahora afronta su fase de juicio.

La Fiscalía pide 11 años de prisión

Los cuatro acusados se enfrentan a una petición de la Fiscalía de nueve años de cárcel por un delito contra la salud pública y otros dos por pertenencia a grupo criminal, además de una multa de 40 millones de euros para cada uno.

La investigación policial sitúa el cargamento total en 500 kilos de cocaína que llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De esa cantidad, 400 kilos son los que centran este procedimiento, al considerar que tenían como destino final Málaga. Los 100 kilos restantes corresponden a un destino que no se investiga en esta causa. La Fiscalía considera que los cuatro procesados participaron en la operación que permitió introducir la droga en España y organizar posteriormente su traslado.

Los acusados, por su parte, reclaman la absolución. Sus abogados sostienen que no ha quedado acreditada su responsabilidad en los delitos que se les atribuyen y plantean además dudas sobre la propia validez del procedimiento. Entre las cuestiones que deberán ser examinadas figura el origen de la investigación, la legalidad de las actuaciones de los agentes encubiertos y la competencia de la Audiencia de Madrid para juzgar los hechos, frente a la posibilidad de que correspondiera intervenir a la Audiencia Nacional. El tribunal tendrá que pronunciarse sobre estas cuestiones en su sentencia una vez concluya la vista oral.