Los últimos episodios violentos registrados en Andalucía han vuelto a poner el foco sobre el avance del narcotráfico y sobre las dificultades de las fuerzas de seguridad para hacerle frente. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil AUGC y Jucil reclaman un refuerzo urgente de efectivos y medios y advierten de que la falta de presencia policial está favoreciendo una creciente sensación de impunidad.

La preocupación se ha intensificado después de los sucesos ocurridos en Isla Cristina (Huelva) y Utrera (Sevilla), dos escenarios que, a juicio de estas organizaciones, reflejan un problema que ya no puede considerarse puntual.

Desde la AUGC vuelven a poner sobre la mesa una de sus principales reivindicaciones: recuperar el OCON Sur, la estructura especializada que coordinaba operaciones contra el narcotráfico en Andalucía. La asociación considera necesario disponer de unidades y recursos específicamente orientados a combatir unas redes criminales que, según advierte, han incrementado su capacidad de actuación.

A esta petición se suma la necesidad de contar con protocolos de intervención más claros y un mayor respaldo jurídico para los agentes. La AUGC también reclama un endurecimiento de las penas relacionadas con el narcotráfico y plantea que las costas andaluzas sean declaradas zona de especial singularidad. La asociación defiende, además, que el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad sea reconocido como profesión de riesgo, una medida que considera coherente con las condiciones a las que se enfrentan los agentes destinados en zonas especialmente afectadas por el crimen organizado.

Jucil coincide en reclamar un aumento de los recursos, pero pone el acento en otro elemento que considera especialmente preocupante: la mayor disponibilidad de armas entre personas relacionadas con el narcotráfico.

La organización sostiene que la respuesta policial actual resulta insuficiente para controlar determinadas áreas y reclama un incremento inmediato de agentes y medios. Su advertencia es clara: cuando la presencia policial disminuye, aumenta la percepción de que determinadas actividades delictivas pueden desarrollarse con menor riesgo.

Para Jucil, la situación exige actuar antes de que determinadas barriadas queden definitivamente condicionadas por la actividad de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Por ello reclama medidas "drásticas e inmediatas" en los puntos más conflictivos. La asociación insiste en que estas zonas no aparecen de forma repentina. Su expansión, sostiene, es consecuencia de un proceso prolongado durante el que las redes criminales van ganando presencia y capacidad de actuación.

El tiroteo ocurrido en Isla Cristina ha servido como nuevo aviso para las organizaciones profesionales de la Guardia Civil. Jucil considera que hechos de este tipo deben analizarse dentro de un contexto más amplio, marcado por el crecimiento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en determinados municipios.

El temor es que la violencia vinculada al narcotráfico termine normalizándose si no se incrementa la capacidad de respuesta del Estado. Para los agentes, combatir estas redes no pasa únicamente por intervenir cuando se produce un delito, sino por mantener una presencia policial suficiente y continuada que permita recuperar el control de las zonas más afectadas.

Las dos asociaciones coinciden así en un diagnóstico de fondo: el narcotráfico está planteando un desafío creciente en Andalucía y la Guardia Civil necesita más efectivos, medios y respaldo para afrontarlo. La reclamación llega mientras varios episodios violentos vuelven a situar la seguridad en determinados municipios andaluces en el centro del debate.