Los grandes bancos españoles no parecen inquietos ante el expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por sus declaraciones públicas sobre las hipotecas. Aunque las entidades han optado por la prudencia a la hora de referirse directamente a la investigación, sus principales ejecutivos coinciden en una idea: el mercado hipotecario español funciona con un elevado nivel de competencia.

La CNMC puso el foco el pasado mes de junio en Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja. El organismo considera que determinadas declaraciones realizadas por directivos de estas entidades sobre su política comercial, especialmente en relación con las hipotecas a tipo fijo, podrían haber permitido a sus competidores anticipar futuras decisiones sobre las ofertas.

La apertura del expediente sorprendió al sector financiero. Desde la Asociación Española de Banca (AEB), su presidenta, Alejandra Kindelán, defendió desde el primer momento que España cuenta con uno de los mercados hipotecarios más competitivos de Europa.

Los datos que maneja el sector apuntan en esa dirección. El tipo medio de las hipotecas en España se sitúa alrededor de un punto porcentual por debajo de la media de la eurozona, según los argumentos esgrimidos por la patronal bancaria. España ocuparía además el tercer puesto entre los grandes países de la Unión Europea en cuanto a competitividad de este mercado, por detrás de Malta y Bulgaria.

Rebajan el tono, pero mantienen su defensa

La investigación de la CNMC ha obligado a los máximos responsables de las entidades implicadas a medir especialmente sus palabras. En las últimas comparecencias públicas, la mayoría ha evitado entrar en detalles sobre el expediente, aunque sí ha aprovechado para reivindicar el funcionamiento del negocio hipotecario.

El consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, fue uno de los que más claramente defendió esta posición. Aseguró que España dispone de uno de los mercados hipotecarios más competitivos de Europa y extendió esa valoración al conjunto del mundo. Uno de sus argumentos es que el coste de una hipoteca puede situarse incluso por debajo de la rentabilidad exigida por el bono soberano, lo que permite a los particulares financiarse a un precio relativamente reducido.

En BBVA, Onur Genç evitó valorar directamente el procedimiento de Competencia, pero remarcó que el banco está "plenamente comprometido" con el cumplimiento de la normativa y sostuvo que la elevada competencia explica las condiciones que actualmente ofrecen las entidades.

También desde CaixaBank transmiten tranquilidad. Su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, expresó respeto por la actuación de la CNMC, pero aseguró que la entidad está tranquila porque considera que no ha realizado ninguna actuación contraria a la competencia.

Sabadell ha optado por una posición todavía más reservada. Su consejero delegado, Marc Armengol, evitó pronunciarse sobre el expediente y se limitó a destacar la evolución positiva del negocio hipotecario de la entidad.

En Bankinter, su consejera delegada, Gloria Ortiz, sí mostró abiertamente su confianza en que el procedimiento termine favorablemente para el banco porque, según defendió, la entidad ha actuado correctamente.

Unicaja, por su parte, tampoco quiso profundizar en la investigación. Su consejero delegado, Isidro Rubiales, se limitó a señalar que las hipotecas constituyen un producto estratégico para el banco.

El origen del expediente está en las intervenciones públicas de los directivos de las seis entidades. Al tratarse de los grandes bancos cotizados, sus responsables mantienen una exposición habitual ante analistas, inversores y medios de comunicación, un escenario en el que las referencias a la evolución de los tipos hipotecarios pueden ser especialmente relevantes.

La CNMC analiza si algunas de esas declaraciones pudieron proporcionar información útil a otras entidades para anticipar movimientos comerciales y, de ese modo, reducir la incertidumbre propia de la competencia.

Desde el sector financiero, sin embargo, consideran que los argumentos conocidos hasta ahora tienen "muy poca base" y recuerdan que el organismo ya ha archivado en el pasado actuaciones relacionadas con otras prácticas de las grandes entidades.

Fuente: EFE