La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado nuevos avances en la tramitación del reglamento que regulará la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), una reforma con la que el Gobierno pretende ampliar derechos, adaptar la normativa a la realidad actual y ofrecer una mayor seguridad jurídica a las familias beneficiarias.

Según ha explicado el Ministerio, el nuevo texto nace de la experiencia acumulada desde la aprobación del reglamento vigente en 2011, de las reformas legales impulsadas en los últimos años y de las demandas trasladadas por las propias familias, que reclamaban una revisión integral de la normativa.

En este contexto, Saiz ha mantenido en los últimos días reuniones con representantes de las asociaciones CUME Nos Une, ASFACUME, Cuidador Lazarillo y la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, con el objetivo de incorporar sus propuestas al texto definitivo.

"Nadie va a perder la prestación; se trata de una medida que muestra la firme voluntad del Ministerio de ampliar derechos, nunca de rebajarlos", ha asegurado la ministra.

Actualmente, esta ayuda económica beneficia a unas 18.000 familias y está destinada a progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada laboral para atender a un menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

El nuevo reglamento, que ha recibido cerca de 1.200 aportaciones durante el proceso de audiencia pública, busca adaptar la prestación a la evolución de la práctica médica y de las necesidades asistenciales. Entre las principales novedades figura la actualización del concepto de situación protegida, el reconocimiento de nuevas realidades familiares, como los casos de separación, divorcio o nulidad, y la incorporación de un sistema de actualización continua del listado de enfermedades que permiten acceder a la ayuda.

Entre las patologías que pasarán a estar contempladas se encuentran el trastorno del espectro autista (TEA) y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu, además de medidas específicas para responder a la realidad de las personas trabajadoras autónomas.

Tras el proceso de participación pública, el Ministerio también ha incorporado mejoras como una definición más precisa de los cuidados en situaciones asimiladas a un ingreso hospitalario prolongado, la compatibilidad de la prestación con las prácticas formativas que pueda realizar el menor afectado y cambios en el formulario de solicitud para facilitar su tramitación.

Las asociaciones de afectados continúan reclamando que, en las prórrogas de la prestación, el informe médico pueda ser emitido también por el profesional de Atención Primaria del sistema público de salud, y no únicamente por un médico especialista, como recoge el borrador inicial.

En 2025, el Gobierno destinó 355 millones de euros a esta prestación y prevé aprobar el nuevo reglamento una vez concluya la tramitación administrativa prevista para después del verano.