La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Castilla y León la aplicación inmediata de la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración General y de sus organismos autónomos, así como la resolución de todas las solicitudes que permanecen paralizadas desde el 1 de abril de 2025.

El sindicato considera que, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, ya no existen impedimentos legales para restablecer este derecho, por lo que insta al Ejecutivo autonómico a actuar "con la máxima diligencia" para evitar que los trabajadores sigan viéndose perjudicados.

Según explica CSIF, la paralización de la jubilación parcial se produjo como consecuencia de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 11/2024, que establecía la obligación de contratar al trabajador relevista con carácter indefinido y a jornada completa. A juicio del sindicato, esta modificación no tuvo en cuenta las particularidades del empleo público, lo que provocó que este derecho dejara de aplicarse en las administraciones públicas y que numerosas solicitudes quedaran bloqueadas.

La organización sindical asegura que, desde el inicio de esta situación, promovió iniciativas para modificar la normativa, trasladó esta reivindicación a las mesas de negociación con el Gobierno e incluso acudió a los tribunales para defender este derecho. Como resultado de esas gestiones, destaca la aprobación del Real Decreto-ley 19/2026, que adapta la regulación de la jubilación parcial a la realidad de las administraciones públicas y permite nuevamente acceder a ella mediante fórmulas de contratación compatibles con la legislación vigente.

Una vez resuelto el problema en el ámbito estatal, CSIF considera que ahora corresponde a la Junta de Castilla y León aplicar de forma inmediata la nueva regulación. Por ello, exige la resolución de todas las solicitudes pendientes, la implantación urgente del nuevo régimen de jubilación parcial y la aprobación de instrucciones de gestión actualizadas que unifiquen los criterios en todas las consejerías y organismos autónomos.

Asimismo, el sindicato reclama que el Ejecutivo autonómico adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el personal laboral que reúna los requisitos pueda ejercer este derecho en las condiciones previstas por la nueva normativa, poniendo fin a una situación que, según CSIF, ha perjudicado durante más de un año a numerosos trabajadores de la Administración autonómica.