Los estudiantes de 4º, 5º y 6º curso del Grado en Medicina de la Universidad de Salamanca (USAL) podrán realizar prácticas académicas externas en centros de salud del medio rural gracias al convenio de colaboración firmado entre la Gerencia Regional de Salud, la Universidad de Salamanca, las diputaciones de Salamanca, Ávila y Zamora y el Colegio Oficial de Médicos de Zamora.

La iniciativa permitirá que los futuros médicos se integren en la actividad asistencial diaria de los centros de salud rurales y conozcan de primera mano el funcionamiento de la Atención Primaria en zonas no urbanas. El objetivo es reforzar su formación práctica, favorecer el conocimiento del territorio y contribuir a mejorar la cohesión sanitaria en provincias con una importante dispersión geográfica.

Las prácticas se desarrollarán en centros de salud rurales de las tres provincias participantes. En el caso de Salamanca, más del 60% de sus centros de salud están ubicados en zonas no urbanas, lo que permitirá a los estudiantes familiarizarse con la labor que desempeñan los equipos de Atención Primaria y el papel del médico de familia en la atención sanitaria y la cohesión territorial.

La Gerencia Regional de Salud será la encargada de coordinar la distribución de los alumnos y los periodos de prácticas, garantizando la capacidad docente de los centros y el cumplimiento de la normativa en materia de confidencialidad, protección de datos y seguridad clínica.

Por su parte, la Universidad de Salamanca reconocerá estas prácticas mediante créditos ECTS, además de garantizar la cobertura del alumnado con seguro escolar y de responsabilidad civil. También coordinará los objetivos formativos y evaluará los informes finales para asegurar la calidad académica del programa.

Las diputaciones de Salamanca, Ávila y Zamora financiarán parte de la iniciativa, colaborarán en la identificación de los centros participantes y facilitarán la coordinación con los ayuntamientos para cuestiones como el alojamiento o los recursos locales.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse hasta cuatro años más. Además, se constituirá una comisión de seguimiento formada por representantes de todas las entidades firmantes, que evaluará anualmente el desarrollo del programa y propondrá posibles mejoras.