El Ministerio de Defensa ha decidido no iniciar por el momento un procedimiento disciplinario contra el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, pese a que ha sido imputado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el denominado caso Leire. La decisión se basa en un informe del Asesor Jurídico General del departamento, al que ha tenido acceso EFE, en el que se concluye que, en la situación procesal actual, no resulta procedente adoptar medidas disciplinarias mientras la causa sigue su curso en los tribunales.

El documento argumenta que la investigación judicial ya está en marcha y que lo más adecuado es esperar a la evolución del procedimiento antes de iniciar cualquier actuación administrativa. Según el criterio jurídico, hacerlo ahora podría dar lugar a resoluciones contradictorias entre la vía disciplinaria y la judicial.

No obstante, el informe deja abierta la posibilidad de actuar más adelante. En ese sentido, señala que el Ministerio adoptará las decisiones que correspondan de oficio en función del desarrollo de las diligencias y de la situación procesal de Llamas.

La resolución responde a la solicitud presentada el pasado viernes por Iustitia Europa, formación política personada como acusación popular en el caso, que había reclamado la apertura de un expediente disciplinario contra el alto mando de la Guardia Civil.

Tras conocerse la decisión, el partido mostró su desacuerdo y acusó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de evitar cualquier actuación inmediata. En un comunicado, Iustitia Europa sostiene que el departamento ha optado por ampararse en criterios técnicos en lugar de intervenir de oficio.

La imputación de Manuel Llamas fue acordada la pasada semana por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien también citó como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Ambos deberán comparecer ante el magistrado el próximo 16 de julio.

La investigación judicial trata de esclarecer las presuntas actuaciones relacionadas con Leire Díez, exmilitante socialista, a quien se atribuyen supuestas maniobras para promover investigaciones sobre la Unidad Central Operativa (UCO) por posibles filtraciones en procedimientos que afectan al Gobierno, así como presuntas presiones dirigidas a los agentes encargados de esas pesquisas.