El grupo parlamentario del PSOE ha llevado a las Cortes de Castilla y León una iniciativa para pedir a la Junta que garantice el mantenimiento de la plaza completa de maestro de apoyo en Educación Infantil del CEIP San Francisco de Ciudad Rodrigo durante el curso 2026/2027. La propuesta se centra en asegurar que los recursos educativos se adapten a las necesidades reales del alumnado del centro. La iniciativa ha sido presentada por los procuradores socialistas salmantinos Fran Díaz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo, que han registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicitan que no se reduzca el personal docente en el centro.

Según explican, la petición responde a la preocupación de la comunidad educativa, que se ha movilizado por segundo año consecutivo ante la posibilidad de recortes en la plantilla, a pesar de que en el aula de Infantil hay siete alumnos con necesidades educativas especiales, lo que, a su juicio, justifica mantener el refuerzo educativo.

La PNL plantea tres líneas principales: mantener la plaza completa de apoyo en Infantil, tener en cuenta las necesidades reales del alumnado más allá del número de unidades y reforzar la planificación basada en criterios de inclusión, atención individualizada y respuesta educativa adecuada.

Desde el PSOE sostienen que la educación pública no puede organizarse únicamente con criterios numéricos y que detrás de cada decisión hay alumnado y familias que requieren garantías de atención adecuada. También recuerdan que el pasado curso la comunidad educativa ya se movilizó para evitar la pérdida de este mismo recurso, con el respaldo del AMPA, el Consejo Escolar y sindicatos.

Los socialistas consideran además que la posible reducción de recursos afecta especialmente a la escuela pública en el medio rural, en un contexto de lucha contra la despoblación, donde los servicios educativos son clave para la estabilidad de las familias.

Por ello, el PSOE de Salamanca ha pedido al resto de grupos parlamentarios que apoyen la iniciativa en su tramitación en la Comisión de Educación de las Cortes, confiando en que se priorice el interés del alumnado y se garantice una educación pública con los recursos necesarios para atender la diversidad en las aulas.