Los propietarios de apartamentos turísticos de Salamanca, agrupados en las asociaciones Aesvat y Avatcyl, han celebrado el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tras conocerse tres sentencias emitidas este mes de junio que declaran nulos varios artículos de la ordenanza municipal reguladora de esta actividad, aprobada en julio de 2024.

Los afectados consideran que estos fallos judiciales suponen un giro relevante en el conflicto con el Ayuntamiento de Salamanca, ya que contradicen resoluciones anteriores favorables al Consistorio en la consideración de estas viviendas como uso terciario, lo que, en palabras de su representante legal, les lleva a hablar de un "empate" en la contienda judicial. 'Vamos a prórroga y tal vez a penaltis', resumió el letrado de Aesvat, Alfonso Hernández.

Las sentencias del TSJCyL cuestionan especialmente el artículo que establece ese uso terciario de los apartamentos turísticos, al entender que un ayuntamiento no puede fijar esta clasificación urbanística mediante una ordenanza, ya que dicha competencia corresponde al planeamiento urbanístico. El tribunal también anula otros apartados relacionados con limitaciones de actividad, exigencias documentales, licencias, registro municipal y la zonificación establecida por el Consistorio.

Según los recurrentes, el propio fallo apunta además que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca es anterior a la aparición de las viviendas de uso turístico en la normativa autonómica, lo que impediría, a su juicio, una regulación restrictiva posterior mediante ordenanza.

Desde las asociaciones de propietarios se defiende que esta actividad no puede equipararse a un uso hotelero y que los clientes generan impacto positivo en la economía local. La presidenta de Avatcyl, Rosalina Vidal, ha asegurado que se trata de "pequeños particulares" y ha rechazado que los pisos turísticos agraven el problema de vivienda en la ciudad, afirmando que en Salamanca existen miles de viviendas vacías.

Por su parte, la presidenta de Aesvat, Teresa Majeroni, ha valorado las sentencias como un "respaldo importante" que refuerza la seguridad jurídica del sector y ha criticado lo que considera una regulación "excesivamente restrictiva".

No obstante, las asociaciones reconocen que existen resoluciones judiciales contradictorias en procedimientos individuales, en los que en algunos casos el propio TSJCyL ha avalado la consideración de uso terciario. Esta situación, según su abogado, genera inseguridad jurídica y podría derivar en numerosos recursos futuros.

Los propietarios reclaman una unificación de criterio por parte del alto tribunal autonómico y piden abrir un espacio de negociación con el Ayuntamiento de Salamanca para evitar una prolongación del conflicto judicial que afecta, según señalan, a cientos de pequeños titulares de viviendas turísticas en la ciudad.