La Abogacía Española ha advertido desde Salamanca del "riesgo inminente de quiebra" del sistema de justicia gratuita debido a la progresiva reducción de profesionales adscritos al turno de oficio, una situación que atribuye principalmente al aumento de actuaciones que, según denuncian, no reciben una remuneración adecuada.

La advertencia se realizó durante la clausura de las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita, celebradas en Salamanca y organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, donde también se presentó el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, según informó EFE.

El estudio refleja que las solicitudes de asistencia jurídica gratuita alcanzaron en 2025 las 1.155.311, un 1,7 % más que el año anterior, consolidando la tendencia al alza de los últimos ejercicios. Sin embargo, mientras el número total de abogados en España aumentó ligeramente, pasando de 148.867 a 149.515 profesionales, el colectivo adscrito al turno de oficio continuó reduciéndose.

En concreto, durante 2025 se contabilizaron 38.871 abogados inscritos en el turno de oficio, frente a los 39.941 de 2024 y los 45.275 registrados en 2020, lo que supone un descenso acumulado del 14,1 % en cinco años.

Ante esta situación, la Abogacía considera necesaria una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que establezca una normativa mínima de compensación económica para evitar desigualdades territoriales en la prestación del servicio y garantizar una financiación suficiente.

Los representantes del sector reclamaron además un mayor reconocimiento a la labor de los profesionales que prestan asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y recordaron que el sistema no puede sostenerse sobre el "trabajo gratuito o invisible" de los abogados del turno de oficio.

Durante las jornadas también se puso de manifiesto que el aumento de derechos y garantías para los colectivos más vulnerables no ha ido acompañado de una mejora equivalente en las condiciones laborales de los letrados que prestan este servicio.

Según las conclusiones del encuentro celebrado en Salamanca, resulta imprescindible reforzar la financiación, dignificar la profesión y avanzar en una reforma legislativa que permita garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para el acceso a la justicia.