La provincia de Salamanca afronta una situación de creciente presión en su sistema judicial, según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que detalla un amplio listado de necesidades humanas y materiales tanto en la capital como en varios partidos judiciales.

En Salamanca capital, la Audiencia Provincial solicita una batería de refuerzos ante el incremento de la carga de trabajo. Entre las principales medidas se incluye la prolongación de jornada para gestores y al menos cuatro tramitadores, además de la prórroga del refuerzo de la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección Civil.

El documento considera además "absolutamente necesaria" la incorporación de un segundo magistrado de refuerzo y reitera la petición de crear una séptima plaza de magistrado titular, lo que evidencia la tensión en el órgano judicial. También se plantea la contratación temporal de un bibliotecario o documentalista durante tres meses para la gestión de fondos.

En el Tribunal de Instancia, la situación no es menor. Se reclama la creación urgente de dos nuevas plazas en la Sección Civil (número 9 y 10), una plaza adicional en la Sección Penal y otra específica para la Sección de Violencia sobre la Mujer con carácter exclusivo.

Además, la memoria va más allá de los refuerzos y plantea la necesidad de crear nuevos órganos judiciales en Salamanca. En concreto, y valorando los datos de carga de trabajo, se considera necesaria la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia número 11 de Salamanca y un nuevo Juzgado de lo Penal número 3, lo que supondría un refuerzo estructural del partido judicial.

A ello se suman dos funcionarios más para el Decanato y advertencias sobre la insuficiencia de personal en el servicio común de tramitación.

La memoria también pone el foco en los problemas de espacio, con oficinas masificadas donde llegan a trabajar nueve personas en espacios previstos para siete, lo que obliga a plantear reubicaciones y reorganización de puestos. A esto se añaden carencias en equipamiento, como segundas pantallas, escáneres o sistemas de videograbación en juzgados concretos.

En el resto de la provincia, los partidos judiciales también reflejan carencias relevantes. En Béjar, se considera imprescindible recuperar la figura del formador presencial para el manejo de aplicaciones informáticas, mientras se denuncia la lentitud en la resolución de incidencias tecnológicas.

En Ciudad Rodrigo, aunque no se detectan nuevas necesidades estructurales de personal, sí se prevé la incorporación de un funcionario interino. Además, se advierten fallos en la conexión telemática que en ocasiones impiden la correcta celebración de actuaciones judiciales.

Por su parte, en Vitigudino se reclama una nueva plaza de tramitación procesal y una de auxilio judicial, ya que la falta de personal llega a paralizar el servicio en caso de bajas o permisos. También se alerta de la escasez de peritos locales y de la dependencia de un sistema informático que no siempre responde con agilidad.

El documento añade además que las incidencias técnicas pueden tardar días en resolverse debido a la limitación de personal informático disponible en la provincia.

En conjunto, la Memoria dibuja un escenario de sobrecarga estructural, carencias de personal y dependencia tecnológica, que obliga a replantear medios y organización en la Justicia salmantina.