Vox planteará al Ayuntamiento de Salamanca la posibilidad de crear "al menos" tres plazas de aparcamiento de movilidad reducida dentro de la Zona de Bajas Emisiones, para que las personas en silla de ruedas que necesiten acceder al centro puedan estacionar y acceder a sus vehículos.

El edil Ignacio Rivas ha explicado que esas plazas deberían contar con mayor anchura que las estándar y con sendas zonas laterales y traseras de transferencia para poder subir y bajar las siellas de ruedas y "que permitan un uso cómodo y adecuado" de aquéllas.

Según ha explicado Rivas durante una comparecencia, la zona de bajas emisiones 1 de Salamanca "meses después fue declarada también zona peatonal" y "como en las zonas peatonales no puede haber plazas de aparcamiento, salvo las exclusivamente autorizadas por el Ayuntamiento, las 17 plazas de movilidad reducida que había en todo lo que era el anillo de la zona de bajas emisiones, fueron eliminadas". 

Esta situación, unida a las restricciones del bus urbano para acceder al centro de la capital "ha hecho que las personas con movilidad reducida lo tengan un poco más difícil". Quienes usen silla de ruedas "ahora mismo tienen prácticamente imposible su accesibilidad al centro", de ahí su interés por que Salamanca habilite al menos 3 zonas de estacionamiento "de movilidad reducida y accesibilidad reforzada, es decir, para usuarios de sillas de ruedas".

Según Rivas, "sería muy fácil" controlar los acceso de los vehículos adaptados y la medida que plantean redundaría en la calidad de vida de las personas. "Resulta paradójico es que el nombre de la calidad de vida de las personas se lleva a cabo en una zona de bajas emisiones, una zona peatonal y lo que se han eliminado son herramientas de ayuda esenciales para la calidad de vida de precisamente quien más lo necesita. La inclusión social no puede ser hablar de discursos de accesibilidad, consiste en garantizar que las personas que tienen mayor dificultad de movilidad puedan llegar donde los demás llegan".

La segunda de las propuestas es una moción relativa a instar al Gobierno de España al refuerzo de medios de protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada.