Las Clínicas Jurídicas de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de La Rioja han elaborado un informe en el que plantean diversas recomendaciones para flexibilizar o mitigar la exigencia del certificado de vulnerabilidad en el procedimiento extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno de España.

El documento ha sido redactado por los estudiantes Sergio Aguado Silvestre y Silvia Rodríguez García, del Doble Grado en Derecho y Criminología de la USAL, junto a Irene Vida Benito y Giuliana Stephanie Hopkins Zárate, alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura de la Universidad de La Rioja.

El trabajo ha estado tutorizado por Antonia Durán Ayago, catedrática de Derecho Internacional Privado, y Nuria del Álamo Gómez, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la USAL, además de David San Martín Segura, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja.

El objetivo del informe es recabar adhesiones dentro y fuera de la Red Española de Clínicas Jurídicas para respaldar la petición trasladada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según explica Antonia Durán Ayago, la intención es que el Gobierno "tome en consideración algunas de nuestras soluciones para flexibilizar el requisito". Hasta el momento, la iniciativa ya ha superado las 900 adhesiones.

El informe analiza el procedimiento de regularización extraordinaria aprobado mediante el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que establece una serie de requisitos para acceder al proceso, entre ellos acreditar una situación de vulnerabilidad.

Tras contextualizar el marco legal, el documento cuestiona la obligatoriedad de este certificado y sostiene que la exigencia "es contraria al principio de buena regulación", al convertir en requisito "lo que realmente es un presupuesto del procedimiento mismo de regularización". En este sentido, los autores consideran que la propia situación administrativa irregular implica ya una condición de vulnerabilidad que justificaría el acceso al procedimiento.

Para agilizar la tramitación y reducir las dificultades burocráticas, el informe plantea tres medidas concretas. La primera propone que las administraciones públicas obtengan directamente la documentación necesaria cuando ya dispongan de ella, evitando así que las personas interesadas tengan que aportarla nuevamente.

La segunda medida apuesta por permitir que las entidades competentes acrediten la situación de vulnerabilidad mediante declaraciones responsables de los solicitantes sobre su propia situación administrativa irregular.

Por último, el informe plantea que la Administración admita como válido el justificante de haber solicitado el certificado de vulnerabilidad, aunque este todavía no haya sido emitido, evitando así retrasos que puedan perjudicar a los solicitantes.

Las Clínicas Jurídicas consideran que estas propuestas contribuirían a hacer más accesible y eficaz el proceso extraordinario de regularización, reduciendo la carga administrativa tanto para las personas migrantes como para las propias administraciones públicas.