El debate sobre el nuevo sistema de control horario en España ha abierto un nuevo frente entre la patronal de las pequeñas empresas y el Ministerio de Trabajo. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha cargado con dureza contra el endurecimiento del registro de jornada impulsado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al que considera una amenaza directa para las microempresas, especialmente en zonas rurales.

De Miguel aseguró que la medida supone "un clarísimo ejemplo de política pública encaminada a destruir microempresas", advirtiendo de que podría afectar especialmente a territorios con menor desarrollo tecnológico y menor conectividad digital. Uno de los principales argumentos de la dirigente de Cepyme se centra en la obligatoriedad de un registro horario digital, que deberá ser, según el plan del Gobierno, no manipulable e interoperable con la Inspección de Trabajo.

En este sentido, De Miguel planteó dudas sobre su aplicación real en todo el territorio: "¿Qué va a pasar en las zonas donde no hay cobertura? ¿Se les va a sancionar porque pierdan la conexión?", cuestionó.

La patronal alerta de que muchas microempresas, especialmente en entornos rurales, no cuentan con digitalización ni recursos técnicos suficientes para adaptarse al nuevo sistema. En algunos casos, subraya, la adaptación podría suponer un coste equivalente a sus propios beneficios.

Desde el Ejecutivo, Yolanda Díaz defiende el nuevo sistema como una herramienta clave para reforzar el control del tiempo de trabajo y combatir el fraude laboral. El Ministerio sostiene que cada semana se realizan en España más de 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas, una cifra que consideran estructural.

El Gobierno trabaja en la aprobación del nuevo registro mediante un real decreto, lo que evitaría su paso por el Congreso, una vía que ha generado rechazo en organizaciones empresariales como CEOE y la propia Cepyme.

El debate llega tras el bloqueo en septiembre de 2025 de la anterior ley de reducción de jornada, que no salió adelante por el rechazo de partidos como Junts, PP y Vox. Ahora, el Ejecutivo intenta reactivar parte de esas medidas a través de cambios normativos más directos.

De Miguel ha puesto el foco en el impacto territorial de la medida, especialmente en la llamada 'España vaciada'. "Muchas veces no se está pensando en un panadero de un pueblo de Toledo", afirmó, subrayando que en estos casos ni la digitalización ni la infraestructura tecnológica están garantizadas.

Mientras el Gobierno insiste en que el objetivo es modernizar el control laboral y proteger los derechos de los trabajadores, la patronal de la pequeña empresa advierte de un posible efecto contrario: más costes, más carga burocrática y dificultades de adaptación para las microempresas. El resultado es un nuevo choque entre dos visiones opuestas del mercado laboral: la de la digitalización obligatoria como herramienta de control y la de la flexibilidad necesaria para la supervivencia de los pequeños negocios, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos.