Los Gobiernos de España y Brasil han condenado de forma conjunta la detención de ciudadanos de ambos países en la denominada Flotilla Global Sumud, interceptada por fuerzas israelíes cuando se dirigía hacia Gaza. En un comunicado, ambos Ejecutivos han calificado la actuación como un "atropello al derecho internacional" y han exigido la liberación inmediata de los detenidos.

Según la nota oficial, los dos países reclaman el regreso de sus ciudadanos con plenas garantías de seguridad y el acceso consular sin restricciones para garantizar su protección. El episodio ha provocado una fuerte reacción diplomática, especialmente por el hecho de que la interceptación se produjo en aguas internacionales, según denuncian las autoridades españolas.

La flotilla, integrada por unos 175 activistas de distintas nacionalidades, había zarpado desde Barcelona el pasado 15 de abril con destino a Gaza, con el objetivo declarado de romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria.

Entre los detenidos se encuentran una treintena de ciudadanos españoles, además de activistas de otras nacionalidades. El Ministerio de Asuntos Exteriores español sostiene que la acción de Israel constituye una actuación "flagrantemente ilegal fuera de su jurisdicción", que podría incluso tener implicaciones en tribunales internacionales.

El Gobierno español ha sido especialmente contundente al referirse a la situación del ciudadano Saif Abukeshek, de nacionalidad palestino-española, residente en Barcelona, que permanece bajo custodia israelí acusado de colaborar con Hamás. Su caso ha sido calificado como prioritario por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha exigido su liberación inmediata.

Según las informaciones facilitadas, los integrantes de la flotilla fueron desembarcados en la isla de Creta tras la interceptación. Algunos de los activistas han denunciado haber sido golpeados y privados de comida y agua durante el traslado, acusaciones que agravan la polémica internacional en torno al operativo.

Entre los retenidos también figura el brasileño Thiago Ávila, que será interrogado por las autoridades israelíes bajo sospecha de apoyo a organizaciones palestinas.

El caso ha generado una rápida reacción política en España. El propio Albares llamó a consultas a la encargada de negocios de Israel en señal de protesta, mientras que miembros del Gobierno de coalición han endurecido el tono.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado una "vulneración de la legalidad internacional con absoluta impunidad", criticando la falta de respuesta de la comunidad internacional. En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido la liberación inmediata de los detenidos y ha calificado directamente la actuación como un "secuestro".

En paralelo, las protestas por la interceptación han derivado en incidentes en Barcelona, donde manifestantes se concentraron en el entorno del consulado israelí. La tensión escaló con lanzamiento de objetos y bengalas, que provocaron tres agentes heridos leves y daños materiales. Dos menores han sido puestos a disposición de la Fiscalía en relación con estos hechos.

El caso de la Flotilla Global Sumud ha abierto un nuevo frente de tensión entre varios gobiernos europeos y el Ejecutivo israelí, en un contexto ya marcado por la sensibilidad internacional en torno al conflicto en Gaza.

Mientras España y Brasil exigen explicaciones y la liberación de sus ciudadanos, Israel mantiene bajo custodia a parte de los activistas para su interrogatorio, lo que mantiene abierto un escenario diplomático de creciente presión y alta incertidumbre.