Una funcionaria de la prisión de Topas ha sufrido hoy lunes una agresión durante el ejercicio de sus funciones, según denuncia el sindicato CSIF.

Según dicho sindicato, la trabajadora vigilaba un módulo y, a la hora establecida, comenzó a evacuar las celdas. Cuando pidió a uno de los reclusos que saliera, éste "reaccionó de forma violenta, profiriendo amenazas e insultos reiterados contra la trabajadora, mientras realizaba gestos obscenos de carácter sexual". Según CSIF, el preso "llegó a desnudarse y a introducirse en la ducha, desobedeciendo las órdenes recibidas". 

La funcionaria, que estaba sola en la zona, "actuó con rapidez, profesionalidad y seguridad, logrando aislar al interno en su celda para evitar que la situación derivara en un incidente de mayor gravedad". Sin embargo, durante el posterior traslado del recluso "fue agredida físicamente, recibiendo varios golpes, uno de los cuales le produjo un hematoma en el dedo pulgar de la mano derecha".

A raíz de lo sucedido, CSIF reitera "con absoluta firmeza" que "no se pueden normalizar las agresiones a los funcionarios de prisiones". Tampoco toleran "conductas intimidatorias, vejatorias o de claro componente machista contra las funcionarias, que desarrollan su trabajo en entornos de especial tensión y riesgo". Y enlazando con el incidente de Topas, alerta de que la situación del personal penitenciario es "insostenible" y que las prisiones van camino de convertirse en "ollas a presión" porque faltan medios humanos y materiales y la normativa "no responde adecuadamente a la realidad diaria de quienes garantizan la seguridad en las prisiones".

Entre las exigencias del sindicato destacan la petición del reconocimiento de los funcionarios de prisiones "como agentes de la autoridad", una reforma legal que "refuerce la protección jurídica del personal penitenciario" y "la modernización de los medios coercitivos y de intervención". También más medios y "una respuesta política inmediata ante el incremento de agresiones en el ámbito penitenciario". En este sentido, exigen a los partidos que alcancen un acuerdo para modificar la ley y reflejar "de forma clara, expresa y efectiva" la autoridad del funcionario de prisiones.

"No se puede seguir mirando hacia otro lado. Cada agresión confirma que el sistema necesita una respuesta urgente. La seguridad de los funcionarios de prisiones no puede depender únicamente de su profesionalidad individual, sino de una legislación adecuada, medios suficientes y respaldo institucional real", concluyen.