Vox lleva al Consistorio de Salamanca ante la justicia por la tasa de basuras municipal. El concejal Ignacio Rivas y el presidente del partido en la provincia, Carlos Menéndez, han explicado que han presentado un recurso contencioso administrativo "contra la tasa de basuras del año 2026 en la ciudad de Salamanca, el conocido como basurazo". Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tienen que pronunciarse y decidir si estima el recurso.

Rivas ha justificado la decisión ante la "voracidad fiscal y recaudatoria absolutamente desmedida" del Consistorio. Ha explicado que el Ayuntamiento actualizó en diciembre de 2024 la tasa de basuras para adaptarla a la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y que en aquel momento estableció una fórmula para calcular el importe de la nueva ordenanza. "Nosotros votamos ya en contra porque estábamos absolutamente en desacuerdo con los cálculos que se habían hecho, pero al final salió adelante".

El nuevo baremo entró en vigor en enero de 2025 y, siempre según Rivas, "no ha durado ni un año" porque el Ayuntamiento "no ha respetado su propia fórmula ni un solo año". La fórmula matemática "dice que la tasa del año anterior se actualiza al IPC, que es el 2,70, y ustedes", en alusión al Ayuntamiento, "la han actualizado al 6%. Dijeron que no les salían los números con las estimaciones que tenían".

Para Rivas, esta modificación es "una vulneración flagrante de la ley" porque "la cuota tributaria no correspondía con la fórmula aprobada". El Consistorio mantuvo una tasa estimada y según Rivas cambió la fórmula por vía de corrección de errores en el Boletín Oficial de la Provincia. "Por eso no nos ha quedado más remedio, porque nosotros hemos venido aquí para defender los intereses de los salmantinos, como último recurso, lo único que hemos podido hacer es acudir a los tribunales de justicia".

"Viciada de nulidad"

El concejal ha añadido que si el Ayuntamiento quiere cambiar la fórmula "hay un proceso" y "cuando hay una alteración de la cuota tributaria, es obligatorio iniciar otra vez el proceso, significa plantear una nueva ordenanza fiscal, llevar a cabo una aprobación provisional en el pleno del ayuntamiento, abrir un periodo de alegaciones para saber cuáles son las nuevas reglas de juego..."  y finalmente que se pronuncie el pleno. "Todo ese procedimiento se lo han saltado y nosotros consideramos que, por tanto, la aprobación definitiva que han llevado a cabo este año, de las tasas de basuras del año 2026, está viciada de nulidad, y eso es lo que hemos reclamado".

Si la justicia da a la razón a Vox, Rivas cree que el Ayuntamiento se vería abocado a devolver parte de la tasa de basuras cobrada en 2026. El importe de 2025 "quedó aprobado y cobrado", pero 2026 es harina de otro costal. "He hecho un cálculo y estimo que el sobrecoste que están imponiendo a los salmantinos de manera absolutamente irregular está entre 600.000 y 800.000 euros para este año 2026". Según las estimaciones de Vox, esa sería la cifra aproximada, correspondiente a 2026, que el Ayuntamiento tendría que retornar si la justicia les da la razón. "Es la cuota de la parte que han cobrado de más".

Al hilo, Rivas se ha preguntado "dónde está la eficacia del equipo de Gobierno" cuando "el próximo año la recaudación prevista por la tasa de basura son 18,7 millones, es decir, 128 euros por habitante. ¿Saben cuánto va a recaudar el Ayuntamiento de Valladolid que tiene más del doble de vecinos? 17,7 millones, es decir, 58 euros por habitante. Pagamos un 218% más por habitante en Salamanca que en Valladolid, pero es que si nos comparamos con Madrid, son 85 euros por habitante. ¿Pero qué cálculos están haciendo?" 

Respecto a los procesos y los tiempos, Vox formalizó el recurso el pasado 11 de febrero y "los recursos contenciosos administrativos no suelen dilatarse mucho", pero no pueden anticipar cuándo se pronunciará el juzgado.

La postura municipal: "no hay modificación sustancial".

El Ayuntamiento de Salamanca, por su parte, explica que en la ordenanza figuraba originalmente "un error" que indicaba que la tarifa se actualizaría conforme al IPC, pero en realidad "se actualiza para poder cubrir el coste del servicio. Habrá años que sea mayor que el IPC y otros menor". La alegación de Vox al respecto "se estimó parcialmente, se corrigió y el boletín se publicó bien". El error, insisten, "se subsanó".

En consecuencia, y siempre según el Consistorio, no existiría la "modificación sustancial" que argumenta Vox. Afirman que la secretaría consistorial, los interventores y el OAGER han elaborado informes técnicos "basándose en jurisprudencia del Supremo que indican que eso no es una modificación sustancial" y que, por tanto, no sería necesario rehacer de nuevo la ordenanza.