Castilla y León presenta una de las tasas de vacantes de empleo más elevadas del país en el periodo 2021-2024, un escenario que se acentuó tras la pandemia del Covid-19, junto a Navarra, Aragón, Canarias y Madrid. Además, contabiliza un incremento significativo en la cifra desde 2018, al pasar de algo más de 4.000 vacantes hace ocho años a las 9.700 actuales, mientras que España también se ha duplicado, desde las algo más de 70.000 a 150.000 del tercer trimestre de 2025.

Es una de las conclusiones del informe 'Necesidades de empleo en las empresas de Castilla y León' elaborado a iniciativa propia por el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad, al que ha tenido acceso Ical. El documento establece que esta evolución contrasta con las de otras regiones con características socioeconómicas similares a la Comunidad, y "estaría mostrando un problema estructural relacionado con la escasez de mano de obra y el desajuste entre las competencias laborales requeridas y las ofrecidas por la población activa".

Asimismo, el estudio de los motivos que alegan las empresas para no tener vacantes abiertas permite identificar un cambio relevante a partir de 2021: mientras disminuye el porcentaje de aquellas que alegan que no necesitan más trabajadores, aumentan los de empresas que dicen no tener vacantes abiertas por los costes asociados a las mismas o por otros motivos. En el caso de Castilla y León, esta tendencia es más marcada e intensa que en el conjunto de España.

Igualmente, el informe recoge cuáles las ocupaciones de más difícil cobertura en la Comunidad, y aquí se constata un patrón estructural transversal en toda Castilla y León. Así, el sector de la hostelería (camareros y cocineros) presenta dificultades de cobertura en casi todas las provincias. Lo mismo ocurre con el transporte (conductores de camiones) y la construcción (albañiles y electricistas), que son problemas compartidos por Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Asimismo, la falta de profesionales sanitarios (médicos y enfermeros) es señalada en provincias como León, Soria y Valladolid.

En cuanto a las causas, la falta de candidatos y el desacuerdo con las condiciones laborales son los motivos predominantes y repetidos en todas las provincias.

Por lo que respecta a las diferencias, la diversidad de vacantes varía notablemente. León y Salamanca presentan desajustes más heterogéneos, incluidos perfiles muy técnicos como analistas web, programadores y terapeutas ocupacionales. Por el contrario, Palencia muestra las necesidades más acotadas (vendedores y camareros). Destacan algunas necesidades muy locales, como trabajadores ganaderos en Burgos o profesores de FP en Segovia.

Por último, el informe del CES señala que en Salamanca figura como una de las ocupaciones de difícil cobertura la de conductores propietarios de camiones. Dado que aparece de manera explícita como una categoría separada de la de conductores (que se refiere a asalariados) se trataría de vacantes no cubiertas de autónomos. Es el único caso en el que aflora la posibilidad de vacantes referidas a trabajadores de este colectivo.

Recomendaciones

El documento establece un total de 35 recomendaciones que realiza la institución, entre las que destacan la necesidad y "urgencia" de mejorar la intermediación laboral que se lleva a cabo en los servicios públicos de empleo, "a fin de conectar mejor la oferta y la demanda de puestos de trabajo en la Comunidad". También, una mejor coordinación entre los sistemas educativo y laboral, "de modo que se oriente y se forme adecuadamente a las personas demandantes sobre los puestos más demandados y las posibilidades de formación, para casar oferta y demanda con la máxima eficacia".

El CES cree, además que las políticas de empleo que se contemplen deben estar articuladas, "en la medida de lo posible", con las políticas de transporte y vivienda que "faciliten la movilidad intrarregional de las personas trabajadoras, es decir, con la puesta en marcha de medidas que faciliten o incentiven la movilidad geográfica".

Otra de las recomendaciones se refiere a la necesidad de "aumentar y mejorar" las ofertas de trabajo por parte de las empresas y de administraciones públicas, para "retener, atraer y movilizar talento, especialmente joven, para hacer atractivos los puestos de trabajo de la Comunidad". Para ello, apela a mejores salarios y condiciones de trabajo en conciliación, jornada, teletrabajo y en el ámbito de la negociación colectiva), así como de condiciones de vida (servicios públicos de calidad, servicios de proximidad y transportes, entre otros).

En materia de formación para el empleo, recoge Ical, la institución apuesta por mejorar presupuestos y reformar las respectivas normativas, que "permitan mejorar en la ejecución de todos los programas, ajustando la oferta formativa a lo que necesitan las personas, las empresas y los diferentes sectores, incidiendo en los perfiles actuales de las personas trabajadoras ocupadas y en la composición real del desempleo".

El CES estima "imprescindible" establecer medidas que "favorezcan" el relevo generacional, particularmente en determinados oficios de perfil agroindustrial.

La institución considera, por otro lado, que la inmigración tiene un papel "esencial" en la cobertura de las necesidades de empleo de las empresas, "mitigando la escasez de mano de obra, en especial en determinados sectores y en puestos de trabajo concretos". "Esto es una realidad palpable en nuestra Comunidad", subraya el CES, que en este sentido considera que "han de ejecutarse unas políticas de inmigración adecuadas para atraer a personas trabajadoras migrantes al territorio de Castilla y León".

Por último, apuesta por la formación en tecnologías STEM, el cambio tecnológico de la mano de la Inteligencia Artificial y su aplicación en los entornos laborales, además de potenciar el Diálogo Social Tripartito y la negociación colectiva; y "seguir potenciando programas para integrar a las mujeres en el sector agrícola o industrial".