El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, el salmantino Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, lo que abre la puerta para que pueda recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

El auto dictado por la Sala que componen siete magistrados cuenta con el voto particular de las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, que ya se opusieron a la condena de dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, así como una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La decisión adoptada por el alto tribunal era de prever porque los incidentes no suelen prosperar, si bien el paso era preceptivo y necesario para que, agotada la vía de la jurisdicción ordinaria, ahora pueda recurrir en amparo ante la corte de garantías.