La convocatoria de elecciones para el 15 de marzo, con la consiguiente disolución de las Cortes de la XI legislatura, activa el calendario electoral en Castilla y León, que tendrá como primer acto mañana la publicación del decreto del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Todo ello finalizará con el escrutinio y la constitución de la nueva cámara que estará formada por 82 procuradores.

Uno de los primeros actos que marca la agenda de las autonómicas es la comunicación de los pactos de coaliciones electorales, para lo que los partidos cuentan con diez días, hasta las 24 horas del 31 de enero. En concreto, deben hacer constar la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y los titulares de sus órganos de dirección o coordinación. Además, las formaciones y candidaturas deben designar a sus representantes legales ante la administración electoral para lo que cuentan con entre nueve y once días, resume la Agencia Ical.

El 'sudoku' de las candidaturas se resolverá en el segundo mes del año. Entre el 4 y el 9 de febrero se deben presentar ante las juntas electorales provinciales las listas, que además deben ser 'cremallera', es decir, alternar candidatos de sexo femenino y masculino, garantizando, en la práctica, la plena paridad.

Dos días después, el 11 de febrero, se publicarán las listas en el Bocyl y, posteriormente, podrán comunicarse -dos días- los errores; 48 horas después se cerrará el plazo de subsanación de irregularidades -el 15 de febrero-. Al día siguiente se proclamarán definitivamente y, en la jornada posterior, se volverán a publicar en el Bocyl las candidaturas que se imprimirán en las papeletas.

Igualmente, los partidos con grupo propio en las Cortes -PP, PSOE y Vox- deberán comunicar a la Junta Electoral de Castilla y León sus candidatos a la Presidencia de la Junta entre el 9 y el 10 de febrero a los efectos de la organización de al menos dos debates electorales durante la campaña, que se celebrará durante dos semanas, ya que comenzará en la medianoche del 27 de febrero y finalizará el día 13 de marzo.

La jornada de reflexión será el sábado 14 de marzo, no obstante, durante los cinco días anteriores al de la votación no se podrán difundir sondeos electorales por cualquier medio de comunicación. La votación se llevará a cabo el domingo 15 de marzo, de 9.00 a 20.00 horas, para a continuación llevarse a cabo el escrutinio provisional, que será definitivo en 14 días. En los 30 días siguientes a la votación se deberán constituir las nuevas Cortes, por tanto antes del 14 de abril.

82 procuradores en juego

Las próximas autonómicas elegirán unas Cortes con 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al ganar un representante la provincia de Segovia, que pasará de seis a siete. Ese parlamento, en el que la mayoría absoluta exigirá 42 votos, será el que elija al próximo presidente de la Junta de Castilla y León.

Con ello los 82 procuradores se distribuirán de la siguiente forma: 15 para Valladolid; 13 para León; once para Burgos; diez para Salamanca; siete para Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, y cinco para Soria.

Los más de 2,4 millones de habitantes de Castilla y León permiten volver a la cifra de 82 procuradores, que ya hubo en la VI Legislatura, comprendida entre los años 2003 y 2007, cuando el PP de Juan Vicente Herrera logró 48 parlamentarios frente a los 32 de los socialistas de Ángel Villalba y los dos de la UPL.

Récord de censo exterior

Castilla y León celebrará las autonómicas con un censo récord en el extranjero de 179.247 electores, lo que les convierte en la práctica en la décima provincia de la Comunidad. Además, por primera vez en estos comicios, no será necesario el voto rogado, lo que les allana el camino para que puedan también decidir el futuro de su tierra.

Su número no ha parado de crecer desde las anteriores elecciones de 2022, cuando estaban convocados a las urnas 160.179 castellanos y leoneses residentes en el exterior, si bien sólo lo votaron 3.081, es decir, el 1,92 por ciento, debido a que el procedimiento no facilitaba precisamente la participación. Sin embargo, la reforma legal aprobada a finales de aquel año acabó con ese sistema que se estrenará en las próximas autonómicas.

Mientras el censo de electores residentes en España desciende, el CERA (Censo de Electores Residentes Ausentes) ha crecido un 11,9 por ciento al sumar unos 19.000 inscritos en los últimos cuatro años. A 1 de noviembre, están registrados un total de 179.247 votantes, de acuerdo a los datos de la Oficina del Censo Electoral, recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).