Salamanca no escapa a la crisis de siniestralidad laboral que sacude a Castilla y León. Según los datos difundidos por CCOO, la provincia mantiene dos fallecimientos en jornada laboral en los diez primeros meses de 2025, la misma cifra que el año anterior. Aunque el dato podría sugerir estabilidad, el sindicato recalca que el contexto regional es "extremadamente preocupante" y que la situación de fondo no mejora. En el conjunto de la Comunidad, 35 personas han perdido la vida durante su jornada laboral entre enero y octubre, igualando los registros de 2024. Pero el panorama cambia al mirar las causas: el 57% de los accidentes mortales fueron no traumáticos, es decir, infartos, ictus u otras patologías vinculadas a la tensión laboral. En 2023 representaban apenas el 29,4%.

Para Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, este incremento se relaciona con ritmos de trabajo elevados, jornadas interminables, estrés, ansiedad y malas condiciones de conciliación. "Estamos ante efectos directos de la organización del trabajo. No se están evaluando ni previniendo los riesgos psicosociales como exige la ley", lamenta.

El sindicato subraya que la siniestralidad laboral no se distribuye por igual. En el ámbito regional, Industria suma 10 muertes y Servicios 14, mientras la construcción duplica sus cifras: de 3 fallecimientos en 2024 a 7 en 2025. Este salto evidencia, según CCOO, una ausencia real de medidas de protección en los centros de trabajo.

Aunque Salamanca no registra aumentos, sí lo hacen provincias como Segovia, donde los accidentes graves se han disparado un 133%, pasando de 9 a 21 casos. En León, los siniestros graves crecen un 40%, de 30 a 42. En el extremo contrario, el mayor número de fallecimientos se concentra en Burgos (11), Valladolid (7), Soria (5) y Palencia (3).

Fraile recuerda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1996 y próxima a cumplir 30 años, debe reformarse para afrontar los riesgos derivados de la digitalización y los nuevos modelos de organización del trabajo. Tras 20 meses de diálogo social con el Gobierno, acusa a la patronal de bloquear la actualización del marco normativo y "evadir su responsabilidad".