La expansión de la movilidad eléctrica en España está convirtiéndose en un reto inesperado para las gasolineras. Instalar un cargador no es solo una cuestión económica: puede implicar hasta tres años de trámites administrativos y técnicos, lo que ha provocado que miles de puntos permanezcan inactivos a pesar de estar ya construidos.

Fuentes del sector consultadas por EFE explican que una estación de servicio debe invertir entre 10.000 y 100.000 euros para instalar un punto de recarga, dependiendo de su potencia. Sin embargo, ese gasto no garantiza que pueda ponerse en funcionamiento, ya que los permisos, conexiones a la red eléctrica y procesos burocráticos suelen convertirse en un obstáculo.

Actualmente, España cuenta con 52.107 puntos de recarga públicos, según datos de la patronal ANFAC al cierre del tercer trimestre. De ellos, 14.643 todavía no están operativos, lo que supone más de una cuarta parte del total. Ese es el verdadero cuello de botella: cargadores listos, inversión realizada, pero sin capacidad para generar ingresos.

EXIGENCIAS DEL SECTOR

Las empresas propietarias de gasolineras reclaman a las administraciones una ventanilla única que simplifique permisos, además de criterios uniformes en todas las comunidades autónomas. También piden incentivos específicos para cargadores de alta potencia y para aquellos instalados en zonas rurales, donde la actividad es menor y la rentabilidad más lenta.

David García Mancera, responsable de movilidad sostenible de Moeve, señala que la estrategia de la compañía pasa por desplegar estaciones ultrarrápidas, capaces de recuperar autonomía suficiente para continuar el trayecto en 10-20 minutos, una pausa "como para tomar un café". Moeve cuenta con 100 estaciones operativas y alrededor de 150 construidas, todas de alta potencia, a la espera de conexión por parte de la distribuidora eléctrica.

Los cargadores lentos, en cambio, resultan más apropiados para supermercados, centros comerciales o garajes privados, donde el usuario permanece más tiempo.

García Mancera estima que un punto de recarga puede tardar 20 años en ser rentable, motivo por el que el sector pide concesiones públicas superiores a esas dos décadas. En cuanto al coste para el usuario, una recarga ultrarrápida de 10-20 minutos supone 7-8 euros por cada 100 kilómetros, un precio de mercado, pero no siempre la opción más elegida.

INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE

En España circulan cerca de 300.000 vehículos eléctricos, menos del 2% del parque total. Esto se traduce en un punto de recarga por cada nueve coches eléctricos, un ratio mejor que el de países pioneros como Noruega, donde hay un punto por cada veinte, pero la brecha sigue siendo importante.

"España necesita más vehículos eléctricos en circulación para rentabilizar antes esos puntos de recarga", sostiene el directivo.

El sector espera que el reciente Plan MOVES Corredores pueda elevar las ayudas a la instalación del 20% actual hasta el 40% para grandes empresas. No obstante, insisten en que también deberían mantenerse subvenciones directas para la compra de vehículos eléctricos.

Desde Renault España recuerdan que extender la infraestructura en todo el territorio es fundamental para eliminar los prejuicios en torno a la movilidad eléctrica. La marca subraya que señalizar adecuadamente los puntos de recarga aportaría "visibilidad y seguridad" tanto a quienes ya conducen un eléctrico como a quienes aún dudan. Fuente EFE