Varios centenares de personas se han manifestado este domingo frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una marcha impulsada por colectivos sociales y sindicales.

Al grito de "vergüenza", "golpistas con toga" o "esto es política, no justicia", los ciudadanos se han manifestado frente a la sede del Supremo, que el pasado jueves adelantó la pena a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia está pendiente de redacción pero el Supremo adelantó la pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros.

Entre los participantes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien precisamente fue inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.

En declaraciones a EFE, Garzón ha afirmado que la pena a García Ortiz es "injusta" y "arbitraria". Ha criticado además que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos, algo que supone "una revictimización mayor" del fiscal y "un desasosiego" para el sistema democrático.

La sentencia, ha agregado, no contribuye a que la gente normal y corriente como la que ha participado en la marcha confíen en la justicia. Personas que "quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo, comprensible, y en este caso no lo ha sido", ha sentenciado el exjuez.

En la manifestación se ha leído un texto escrito por "gente de a pie, demócratas" y sin "siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas", para solidarizare con el fiscal. "Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa, con un valor crucial en el juicio, no hayan sido consideradas con la debida atención", apunta el comunicado.

El texto ha sido leído por uno de los participantes, Javier Álvarez, quien ha explicado a EFE que, aunque él cree que la justicia en España funciona "con cierta normalidad" y es una democracia "potente", en este caso el Tribunal Supremo ha actuado "con clara intención política".