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El PSOE exige una reforma urgente del PGOU para frenar la expansión de viviendas turísticas en Salamanca
Acusan al PP de "inacción" tras las sentencias judiciales y advierten de que la falta de una regulación clara puede legalizar alojamientos que deberían ser ilegales
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado una moción que se debatirá en el próximo Pleno para reclamar una modificación urgente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el objetivo de establecer una regulación clara sobre las viviendas de uso turístico.
La iniciativa llega después de que varias sentencias judiciales hayan obligado al Consistorio a reabrir pisos turísticos, lo que, según el portavoz socialista José Luis Mateos, "pone en evidencia la arbitrariedad y la falta de base legal con la que ha actuado el equipo de gobierno del PP". Mateos denunció que el Ayuntamiento aplicó "una nueva interpretación retroactiva del PGOU de 2007 sin respaldo normativo", y advirtió de que "pisos turísticos que deberían haber sido ilegales pueden acabar siendo legales por culpa de la inacción del PP".
El dirigente socialista recordó que el propio PGOU ya impide usos no residenciales en plantas superiores o iguales a las destinadas a vivienda, "pero el equipo de gobierno no ha aplicado esta norma y ahora cambia su criterio". Por ello, el PSOE plantea una modificación que delimite claramente los usos permitidos, fije zonas saturadas, limite el número de pisos turísticos por barrio y garantice seguridad jurídica a vecinos y propietarios.
"Si el Ayuntamiento hubiera modificado a tiempo el PGOU, Salamanca contaría con una normativa clara que protegería los barrios y pondría límites a la turistificación", subrayó Mateos, quien recordó que el actual alcalde, Carlos García Carbayo, era concejal de Urbanismo cuando el problema comenzó a hacerse evidente.
El concejal socialista Álvaro Antolín añadió que su grupo lleva desde 2017 reclamando un control efectivo de las viviendas turísticas. Recordó que la propia ordenanza municipal reveló que más del 40 % de estos alojamientos funcionaban al margen de la normativa -más de 200 pisos irregulares- sin que el Ayuntamiento haya impuesto sanciones.
Antolín cuestionó además "por qué el PP se niega a modificar el PGOU" y si esa negativa se debe a que "una revisión podría frenar nuevas licencias. El debate no es solo urbanístico, sino de modelo de ciudad", concluyeron los socialistas. "Modificar el PGOU es poner orden, proteger el derecho a la vivienda, garantizar la convivencia y evitar que los tribunales sigan desautorizando al Ayuntamiento".
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