Los ayuntamientos de Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes, Villamayor, Guijuelo y Doñinos de Salamanca se han unido para mostrar su rechazo a la actualización de la tasa de basura que deberán aplicar a sus vecinos en aplicación de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados y que obliga a repercutir el coste total del servicio de recogida de residuos.

"No es una medida agradable, somos conscientes del esfuerzo que supone para las familias, pero queremos dejar claro que no es una medida local, sino una imposición del Gobierno de España, que obliga a todos los ayuntamientos a tener una tasa que recoja el coste total del servicio para que no sea deficitario", ha explicado el alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín.

Según han criticado, esta ley traslada al ordenamiento jurídico español una directiva europea que establece el principio de "quien contamina paga", pero denuncian que el Gobierno "ha ido más allá de lo que exige Europa" y que esta normativa se ha aprobado "sin diálogo y sin una transición razonable".

En la práctica esta situación supondrá un incremento en la tasa de basuras que deberán abonar los vecinos, aunque la cuantía dependerá del sistema que establezca cada ayuntamiento. Y es que, hasta ahora cada consistorio asumía una parte del coste total del servicio, que ahora deberán repercutir en los vecinos. Por ejemplo, según los datos facilitados por los alcaldes, Carbajosa recauda al año con la tasa unos 180.000 euros de los 400.000 que cuesta este servicio, mientras que en Guijuelo se recaudan unos 700.000 euros de los 900.000 que cuesta.

"Va a suponer un problema con los vecinos porque no sabemos cómo trasladar la tasa de forma real a la ciudadanía porque es muy difícil medir quién contamina más y quién deposita más residuos", ha asegurado Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor.

En este sentido, han criticado que "es mentira que la directiva europea establezca que haya que repercutir el 100% de la tasa, ha sido el Gobierno el que ha decidido que sea así", han dicho. "No queremos repercutir el total de la tasa a los vecinos y no tenemos garantías de que esto no sea recurrido. Es una medida que atenta contra el principio de autonomía local, por lo que articularemos todas las medidas que sean necesarias en defensa de nuestros vecinos", ha dicho el alcalde de Santa Marta, David Mingo.

Y es que para estos alcaldes, que pertenecen a cinco municipios no mancomunados para la recogida de basuras, el problema se incrementa "por las nuevas tasas e impuestos aplicadas por el Gobierno para la recogida de residuos, por lo que el servicio se encarece aún más". "Este dinero no va a acabar en los ayuntamientos, el Gobierno nos utiliza para recaudar más dinero. Con el logo del ayuntamiento va a llegar un recibo, que nosotros tenemos que abonar a Girsa y Girsa al Gobierno. No son los ayuntamientos los que cobran, es el Gobierno central", ha criticado Mingo.

Esta nueva tasa tenía que haber entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2025, aunque Girsa, encargado de la gestión de los residuos en la provincia, concedió una moratoria, por lo que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026. Ahora los ayuntamientos estudian cómo van a trasladar el coste a los vecinos y realizar el cálculo definitivo de las tasas que deberá abonar cada vecino.

El PP presentó en el Congreso una propuesta para que no se aplicara esta medida, pero la vetó la mayoría parlamentaria.