Un grupo de trabajadoras sociales del sistema sanitario de Castilla y León ha solicitado a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) que todas las plazas elegibles se incluyan en la modificación de la orden de estabilización de 2022, ya sea mediante concurso o concurso-oposición, garantizando el principio de igualdad de trato.

La petición fue dirigida al Consejo General de Trabajo Social, al Consejo Autonómico de Castilla y León, a los colegios profesionales de varias provincias, a la Asociación de Trabajo Social y Salud y al sindicato CCOO, con el objetivo de que intervengan tras la publicación de las listas provisionales del proceso de estabilización.

El impulso de esta solicitud llega tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que anuló parcialmente un acuerdo de la Junta y, por extensión, la orden de la Consejería de Sanidad de diciembre de 2022, al no incluir 37 plazas de Trabajador Social en el sistema de concurso. El fallo obliga a la Administración autonómica a ofertar estas plazas mediante concurso.

Las trabajadoras sociales denuncian que la aplicación desigual de los procesos de estabilización ha generado la necesidad de que todas las plazas con los mismos requisitos legales reciban un tratamiento homogéneo y equitativo. Según su carta, "solo así se garantizará que todas las trabajadoras sociales del sistema sanitario público accedan a la consolidación de sus puestos en condiciones de justicia, igualdad y transparencia", evitando discriminaciones derivadas del tipo de proceso convocado.

El colectivo insta a los consejos profesionales, asociaciones y sindicatos a interceder ante la Consejería de Sanidad y Sacyl para garantizar la correcta aplicación de los procesos de estabilización.

Además, reclaman un mayor reconocimiento del papel esencial del trabajo social sanitario, que contribuye a una atención integral y humanizada al paciente. También piden un análisis riguroso de la ratio de trabajadoras sociales en los centros sanitarios, asegurando una dotación suficiente y equilibrada según las necesidades reales de atención social y sanitaria.