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SATSE reclama a la Junta que los enfermeros de prisiones puedan acceder a las historias clínicas del Sacyl
El sindicato denuncia que Castilla y León es, junto a Canarias, la única comunidad sin interoperabilidad entre el sistema sanitario y las instituciones penitenciarias
El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Castilla y León ha solicitado al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que los profesionales de enfermería que trabajan en instituciones penitenciarias puedan acceder a las historias clínicas electrónicas de los internos que gestiona el sistema sanitario autonómico (Sacyl).
En un escrito remitido a la Consejería, SATSE reclama la habilitación de la interoperabilidad entre Sacyl e Instituciones Penitenciarias, para garantizar una atención sanitaria más segura, coordinada y eficiente.
El sindicato ha recordado que, actualmente, los enfermeros de los centros penitenciarios no pueden consultar información esencial sobre los pacientes, como pruebas médicas, diagnósticos o tratamientos previos, lo que complica la labor asistencial y pone en riesgo la continuidad de los cuidados.
Según SATSE, Castilla y León y Canarias son las únicas comunidades autónomas que aún no cuentan con un convenio o sistema que permita compartir la información clínica entre ambos organismos. "Esto supone una clara desventaja respecto al resto del país en términos de equidad y eficiencia asistencial", advierte la organización.
"Son muchos los profesionales que nos transmiten la dificultad de atender a pacientes procedentes de prisiones sin conocer su historial clínico ni sus tratamientos", señalan desde el sindicato, que insiste en que los principales beneficiarios de esta medida serían los propios internos, al recibir una atención más personalizada y segura.
Además, SATSE subraya que la implantación de esta interoperabilidad permitiría optimizar los recursos públicos y reforzar la seguridad del paciente, cumpliendo con la normativa vigente sobre protección de datos y confidencialidad de la información sanitaria.
Por ello, el sindicato insta a la Junta y a Instituciones Penitenciarias a firmar los acuerdos necesarios para hacer posible esta conexión entre sistemas y situar a Castilla y León al mismo nivel de coordinación sanitaria que el resto de comunidades.
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