El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Béjar ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno, que tendrá lugar el próximo lunes, en la que solicita una investigación exhaustiva sobre las facturas de los ejercicios 2024 y 2025 que presentan "reparos de legalidad" por parte de la Intervención Municipal.

Según se expone en el texto de la moción, tras el cambio en la Alcaldía, el nuevo equipo de gobierno, junto con los servicios económicos municipales, habría detectado "un número significativo de facturas" correspondientes a los dos últimos ejercicios, de las que "una parte significativa corresponden a servicios prestados por empresas sin contrato previo formalizado, o sin procedimiento de adjudicación válido".

El Grupo Socialista considera estos hechos de "gravedad", al poder suponer, según el documento, una posible vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público y del principio de legalidad y transparencia en la gestión de fondos públicos. Además, recuerda que determinadas actuaciones podrían tener implicaciones de tipo administrativo, contable o incluso penal.

La moción subraya la obligación legal de las autoridades y funcionarios públicos de comunicar cualquier posible delito del que tengan conocimiento, así como el deber de promover su persecución .

Por ello, y con el objetivo de "preservar la legalidad, depurar responsabilidades y proteger los intereses económicos y patrimoniales del Ayuntamiento de Béjar y de su ciudadanía", el texto sometido a consideración del Pleno propone "instar a los Servicios Económicos Municipales a elaborar, con carácter inmediato, un informe completo que recoja todas las facturas correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025
reparadas por la Intervención por falta de contrato o procedimiento de adjudicación válido, tanto si han sido abonadas como si permanecen pendientes de pago" y solicitar a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento "que procedan, en nombre del propio Ayuntamiento, a formular denuncia o comunicación formal ante el Juzgado de Instrucción y el Ministerio Fiscal, aportando la documentación e informes jurídicos y de Intervención que resulten pertinentes, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales".

Por otra parte, los socialistas también piden recordar a todos los funcionarios y autoridades su obligación legal de comunicar irregularidades y autorizar al alcalde a designar la representación letrada necesaria para defender los intereses municipales.

El Grupo Socialista defiende que "el deber de denunciar irregularidades no es una opción política, sino una obligación legal y moral inherente a todo cargo público", y sostiene que el Ayuntamiento debe "actuar con firmeza para preservar la legalidad y depurar responsabilidades".